La Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg) denunció públicamente que el activista político Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, ya cuenta con un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras su deportación de Estados Unidos. Según el sindicato, el trámite se habría realizado en apenas dos días a través de un procedimiento de emergencia, sin que mediara un estudio de seguridad o un análisis de riesgo previo, lo que consideran un uso irregular de los recursos públicos destinados a la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
Un esquema blindado en tiempo récord
El esquema de seguridad otorgado a Coral Garrido está compuesto por dos escoltas y dos camionetas blindadas, un beneficio que, en condiciones normales, puede tardar entre tres meses y un año en ser gestionado por la UNP, según explicaron los voceros del gremio. La denuncia se conoció luego de que Coral regresara a Colombia el 16 de julio de 2026 en un vuelo humanitario, tras ser detenido el 16 de junio de ese mismo año por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Arizona. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense lo considera un extranjero ilegal por haber permanecido en el país tras el vencimiento de su visado, pese a que Coral asegura haber ingresado legalmente en 2015 y haber mantenido una solicitud de asilo político desde 2016, a la que renunció después de su regreso.
Analtraseg señaló que la celeridad del proceso solo se explica mediante una vía excepcional. «La única manera de haberle colocado protección es a través de un trámite de emergencia ejercido por la dirección de la Unidad Nacional de Protección. Porque este señor no tiene estudio de seguridad o un análisis del riesgo realizado, porque sería imposible en tiempo récord habérselo hecho”, afirmó un vocero del sindicato. Los trabajadores de la seguridad consideran que asignar escoltas y vehículos blindados a una persona que, según ellos, «ataca la institucionalidad y la relación con Estados Unidos», constituye un mal uso de los recursos del Estado.
«Hasta dónde ha llegado el descaro de colocarle a los amigos del Gobierno, a los que atacan a Estados Unidos, a los que atacan la institucionalidad en Colombia, ahora escoltas de la Unidad Nacional de Protección»
Delegado de Analtraseg
Beto Coral no se ha pronunciado hasta el momento sobre la presunta asignación del esquema de seguridad. En declaraciones previas a su llegada a Colombia, manifestó que su principal prioridad era sacar a su familia de Estados Unidos porque, según dijo, «corren peligro». Por su parte, el líder de Analtraseg hizo un llamado directo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que tome medidas frente a lo que consideran una decisión arbitraria: «Señor presidente electo, Abelardo de la Espriella, yo creo que es hora de tomar medidas sobre este personaje». El sindicato pidió formalmente la revocación de la medida de protección otorgada a Coral Garrido.
