El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, no solo dejó una estela de destrucción y pérdidas humanas en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y el Eje Cafetero, incluyendo a Manizales con reportes de fallecidos y graves daños en infraestructura que obligaron al toque de queda y la suspensión de clases, sino que también ha abierto un panorama legal y social para miles de familias damnificadas. Ante la inhabitabilidad de las viviendas colapsadas o con daños estructurales severos, el abogado Ramiro Vargas Díaz, del área civil del consultorio jurídico de la Universidad El Bosque, ha señalado que los afectados tienen el derecho de terminar sus contratos de arrendamiento sin penalidad alguna y, además, acceder a un subsidio temporal de arriendo otorgado por el Gobierno nacional que preside Abelardo de la Espriella.
Vargas Díaz explicó que la base legal para la extinción del contrato sin multas ni cargos adicionales se encuentra en el artículo 2008 del Código Civil colombiano, el cual establece que el arrendamiento finaliza por la destrucción total o parcial del inmueble, ya que el bien arrendado deja de ser apto para el uso convenido. «Lo que sí se debe hacer y se sugiere para no tener inconvenientes a futuro y para dejar las cosas legalmente terminadas, es que tan pronto la situación lo permita, se dé por terminado el contrato con el arrendador», afirmó el jurista. Asimismo, advirtió que la prioridad debe ser la seguridad: «Lo mejor es terminar el contrato y no seguir habitándolo porque hay que preservar en todo momento la vida y la seguridad». Incluso en casos donde la vivienda solo presente grietas o fisuras, la terminación aplica si un concepto técnico emitido por Bomberos, Defensa Civil o la Cruz Roja, o una orden de desalojo de las autoridades, determina que no es habitable de forma segura.
El camino hacia el subsidio y la reparación
El proceso para la terminación contractual, según detalló Vargas, debe ir acompañado de una comunicación por escrito con el arrendador y la conservación del acta o concepto técnico que haya ordenado la evacuación, con el fin de evitar futuros inconvenientes legales. En los casos en que el inmueble sea recuperable, la responsabilidad recae en el propietario: «El arrendador asuma de manera inmediata la revisión y puesta nuevamente en grado de habitabilidad», indicó el abogado. Tanto el arrendador como el arrendatario pueden solicitar la terminación del contrato si el deterioro impide el uso del bien, según lo contemplado en la legislación civil.
Paralelamente, el Gobierno nacional ha dispuesto un subsidio temporal de arriendo para los damnificados, diseñado para costear un lugar seguro mientras se resuelve la situación definitiva de vivienda. Para acceder a este beneficio, el núcleo familiar debe figurar en el Registro Único de Damnificados (RUD), gestionado por las alcaldías locales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Es indispensable contar con un concepto técnico de habitabilidad que demuestre la imposibilidad de ocupar la vivienda. Vargas Díaz destacó que el trámite del subsidio es completamente gratuito y no requiere intermediarios, y que el pago se realiza a través de redes de giro autorizadas como Efecty, SuperGiros o el Banco Agrario, lo que facilita el acceso a las familias afectadas en Manizales y el resto de las regiones golpeadas por el sismo.
«Lo que sí se debe hacer y se sugiere para no tener inconvenientes a futuro y para dejar las cosas legalmente terminadas, es que tan pronto la situación lo permita, se dé por terminado el contrato con el arrendador».
Ramiro Vargas Díaz, abogado del área civil del consultorio jurídico de la Universidad El Bosque
El llamado de las autoridades y los expertos legales es a que las familias damnificadas actúen con prontitud dentro de las condiciones de seguridad que permitan las réplicas y el estado de emergencia, para regularizar su situación habitacional y acceder a los apoyos estatales, en medio de una tragedia que ha remecido al centro y occidente del país. La reconstrucción y la vuelta a la normalidad serán un proceso largo, pero herramientas como la terminación contractual sin penalidad y el subsidio de arriendo buscan aliviar la carga inmediata de quienes lo perdieron todo.
