El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella encendió las alarmas al revelar que la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) opera con apenas el 52 % de su flota de 386 aeronaves en condiciones de vuelo, según el capítulo de Defensa del denominado ‘Libro de la Verdad’, un documento de 135 páginas presentado ante la Fiscalía General de la Nación que expone 82 casos de presuntas irregularidades en distintas entidades del Estado. El informe, titulado “Defensa: una Fuerza Pública con las alas cortadas”, fue entregado por el presidente y el ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, y diagnostica un deterioro crítico en las capacidades operacionales de la Fuerza Pública durante el período 2022-2026, atribuido a restricciones presupuestales, dificultades de mantenimiento y un déficit estructural en el sostenimiento militar.
De las 386 aeronaves que conforman la flota de la FAC, 131 —equivalentes al 34 %— se encuentran completamente no operativas. La situación es particularmente grave en helicópteros clave para la movilidad y el combate: de los 19 MI-17, solo ocho están operacionales, mientras que de los 49 UH-60, al menos 18 no pueden volar por falta de mantenimiento o de recursos. A esto se suma que únicamente el 19 % de toda la flota aérea cuenta con seguros vigentes, un dato que cobró relevancia trágica tras el accidente del avión C-130 Hércules en Puerto Leguízamo, siniestro en el que murieron 70 soldados y civiles y que, según el informe, no contaba con póliza activa al momento del incidente.
Déficit presupuestal millonario y crecimiento de grupos armados
El documento revela que la FAC enfrenta un déficit presupuestal en gastos de personal para 2026 de 1,7 billones de pesos, mientras que el Ejército Nacional presenta un faltante de 14 billones de pesos en el mismo rubro. La Contraloría, por su parte, detectó que los sistemas antidrones adquiridos durante el cuatrienio apenas detectan aeronaves a distancias de entre 300 y 430 metros, muy por debajo del requisito mínimo de dos kilómetros. En contraste, el proyecto Escudo Nacional Antidrones tendría un costo estimado superior a los 6,3 billones de pesos, en un contexto donde en 2025 se registraron cerca de 9.000 intentos de ataques con drones y, entre abril de 2024 y noviembre de 2025, ocurrieron 382 ataques efectivos que afectaron a 282 personas.
El diagnóstico relaciona directamente el deterioro de las capacidades militares con el crecimiento exponencial de los grupos armados ilegales en el mismo período. Según el informe, el Clan del Golfo pasó de 5.500 miembros en 2022 a cerca de 10.000 en 2025, expandiendo su presencia de 145 a 310 municipios. El ELN creció de 5.800 a 6.800 integrantes, mientras que el Estado Mayor Central —las disidencias de Iván Mordisco— aumentó de 3.500 a 4.500 combatientes.
“Este panorama de deterioro en las capacidades de nuestra Fuerza Pública no ocurrió en el vacío”, señala el capítulo de Defensa del ‘Libro de la Verdad’.
El informe atribuye el faltante de 1,7 billones de pesos para la FAC en 2026 a una asignación insuficiente, cambios en los factores poblacionales y prestacionales, así como al aumento del personal no uniformado. Con estas cifras, el Gobierno de Espriella busca evidenciar ante la Fiscalía que la pérdida de capacidades aéreas y terrestres ha sido aprovechada por los grupos armados para fortalecerse, en un escenario donde la Fuerza Pública opera con las “alas cortadas” y un presupuesto que no alcanza para sostener siquiera la mitad de sus aeronaves en el aire.
