La Superintendencia Nacional de Salud, encabezada por Daniel Quintero Calle, anunció el pasado 28 de mayo una medida de emergencia que transforma la atención a la niñez colombiana: las EPS tendrán un plazo máximo de ocho horas para responder de fondo a los reclamos de menores de edad en riesgo vital, so pena de identificar con nombre y apellido a los responsables de las demoras y remitir esa información a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. La circular estará en periodo de comentarios públicos durante cinco días antes de su aplicación definitiva en todo el país, y se complementa con el lanzamiento del Plan 100, un operativo de 100 inspecciones sorpresa en 25 departamentos durante los próximos diez días para vigilar la entrega de medicamentos.
La decisión responde a las crecientes denuncias de familias que enfrentan retrasos, barreras administrativas y dificultades para acceder a medicamentos o tratamientos urgentes para sus hijos, con casos documentados de niños afectados por demoras en la atención médica que han puesto en riesgo sus vidas. La circular obliga a las EPS a priorizar las solicitudes de menores con enfermedades crónicas, pacientes trasplantados o aquellos que hayan sufrido accidentes graves, mientras que el Plan 100 realizará visitas sorpresa a dispensarios para verificar tiempos de entrega, disponibilidad de medicamentos, funcionamiento de los servicios y atender quejas ciudadanas.
«Ni una sola vida más de un niño perdida por falta de medicinas o atención. Hemos lanzado hoy una circular que hace dos cosas: de ahora en adelante las EPS van a tener un máximo de 8 horas para responder de fondo y sin excusas a reclamos que tengan que ver con niños en riesgo vital», afirmó el superintendente Daniel Quintero Calle.
«Lo segundo, y más importante, es que las EPS que no respondan a tiempo van a tener que decir con nombre y apellido quiénes fueron los responsables de esta tardanza. Eso va a significar sanciones por parte de la Superintendencia de Salud, pero además, esa información se enviará de forma automática a Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para que tengan que responder», agregó Quintero.
El Plan 100, que ya comenzó a ejecutarse en varias ciudades y municipios, busca obtener un diagnóstico claro sobre el comportamiento de las EPS y los operadores de distribución de medicamentos, verificando posibles acaparamiento, trabas administrativas e irregularidades en la cadena de entrega. La Superintendencia recopilará información sobre las barreras que enfrentan pacientes con enfermedades de alto costo o tratamientos permanentes, en un contexto donde pacientes de varias regiones han denunciado esperas de días o semanas para recibir medicamentos esenciales, y deben recorrer distintos dispensarios para encontrar disponibilidad. Con esta medida, el Gobierno Nacional busca poner freno a una crisis que ha cobrado vidas infantiles y promete sanciones ejemplares para quienes antepongan la burocracia a la salud de los niños.
