La Superintendencia Nacional de Salud, bajo la dirección del superintendente Daniel Quintero, emitió un nuevo requerimiento formal a la Nueva EPS para que entregue, a más tardar el 6 de julio de 2026, los estados financieros certificados, dictaminados y aprobados correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025. El plazo, calificado por la entidad de control como perentorio e improrrogable, se da en el marco de la intervención forzosa administrativa que pesa sobre la mayor promotora de salud del país desde abril de 2024, y ante la persistente falta de publicación de información financiera desde el año 2022.
Según el comunicado oficial de la Supersalud, el incumplimiento se ha mantenido a pesar de múltiples requerimientos, resoluciones y planes de trabajo aprobados desde el año pasado, así como de los compromisos asumidos por la propia Nueva EPS. “Pese a los múltiples requerimientos, resoluciones y planes de trabajo aprobados desde 2024, así como a los compromisos asumidos por la propia entidad, persiste el incumplimiento en la certificación, dictamen, aprobación y reporte de los estados financieros”, señaló la Superintendencia. La entidad también advirtió que desatender este nuevo requerimiento constituye una infracción administrativa sancionable, conforme al artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, que contempla sanciones por no reportar información con la calidad y oportunidad debidas.
Un historial de omisiones que afecta a millones de afiliados
La Nueva EPS, que maneja el mayor volumen de afiliados y recursos estatales del sistema de salud colombiano, no ha publicado sus estados financieros desde la vigencia 2022, pese a que existe una orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que así lo exige. Desde abril de 2025 hasta febrero de 2026, la Superintendencia había realizado al menos cinco requerimientos previos, sin que la entidad lograra poner al día su contabilidad. La falta de información financiera verificable impide a las autoridades conocer la real situación de liquidez de la EPS, el monto de sus deudas con clínicas y hospitales, y el cumplimiento de los planes de recuperación impuestos durante la intervención.
La deuda acumulada con los prestadores de servicios de salud ha provocado, en varias regiones del país, la interrupción de atenciones para los afiliados, agravando la crisis de acceso a la salud. La Superintendencia Nacional de Salud busca, con este plazo definitivo, garantizar que el próximo gobierno reciba una EPS con cifras verificables y no estimaciones, en el marco de una transición ordenada. “La Superintendencia Nacional de Salud requirió formalmente a la Nueva EPS para que entregue sus estados financieros de las vigencias 2023, 2024 y 2025, debidamente certificados, dictaminados y aprobados. El plazo para el cumplimiento vence el 6 de julio de 2026 y tiene carácter perentorio e improrrogable”, detalló la entidad en su comunicado oficial.
“Pese a los múltiples requerimientos, resoluciones y planes de trabajo aprobados desde 2024, así como a los compromisos asumidos por la propia entidad, persiste el incumplimiento en la certificación, dictamen, aprobación y reporte de los estados financieros”
Superintendencia Nacional de Salud
El requerimiento, que debe cumplir con los lineamientos de la Circular Externa 016 de 2016, establece que la entrega de la información deberá realizarse a través de los canales oficiales de la Superintendencia. La sanción por incumplimiento está tipificada en el artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, que califica como obstrucción a la inspección y no reporte oportuno de información. Con este ultimátum, la Supersalud busca que la Nueva EPS rinda cuentas sobre el manejo de los recursos públicos que administra, en medio de una intervención que ya completa dos años y que sigue siendo objeto de seguimiento por parte de los órganos de control y del poder judicial.
