Un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió Colombia el pasado 10 de agosto de 2026, dejando una estela de destrucción y al menos 202 fallecidos, según el reporte provisional de las autoridades. La magnitud del sismo no solo generó daños en infraestructura en varias ciudades del suroccidente colombiano, como Pereira, Cali, Palmira y la misma Quibdó, sino que activó una respuesta humanitaria de emergencia que involucra al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a la Presidencia de la República y a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Paralelamente, el desastre desató una fuerte controversia en redes sociales a raíz de un polémico video y críticas cruzadas entre figuras políticas del Gobierno nacional.
El Comité Internacional de la Cruz Roja reportó que su oficina en Quibdó, así como varias instalaciones de la Cruz Roja Colombiana en las zonas más afectadas, sufrieron daños considerables por el movimiento telúrico. A pesar del impacto personal que ha supuesto para muchos de sus colaboradores, los equipos humanitarios trabajan incansablemente para apoyar a los damnificados. El CICR ya ha suministrado un primer cargamento de insumos médicos a sus socios de la Cruz Roja Colombiana y, en coordinación con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se encuentra evaluando las necesidades más urgentes. La organización advirtió que el desastre agrava la situación en territorios ya golpeados por la violencia armada y con graves restricciones de acceso humanitario, señalando que las comunidades son especialmente vulnerables y que el acceso para los equipos puede verse gravemente limitado.
Medidas excepcionales para la conservación de cuerpos
La cifra de 202 víctimas mortales superó la capacidad habitual de conservación de cuerpos del Instituto Nacional de Medicina Legal, lo que obligó a implementar medidas excepcionales. Ariel Cortés, director de Medicina Legal, explicó en diálogo con Noticias RCN que, por gestiones de la Presidencia de la República y específicamente de la primera dama, se logró obtener la donación de un contenedor de refrigeración que ya fue ubicado el día anterior para preservar los cuerpos en condiciones adecuadas. Asimismo, Cortés detalló que la Alcaldía Mayor de Bogotá, por disposición del alcalde Carlos Fernando Galán, autorizó el traslado de otro contenedor desde Bogotá hasta Palmira, en el Valle del Cauca, con el mismo propósito: garantizar la refrigeración y evitar la descomposición acelerada de los cadáveres ante la emergencia humanitaria.
«Por gestiones de la Presidencia de la República, específicamente de la primera dama, logramos obtener una donación de un container, que ya fue ubicado el día de ayer para refrigerar los cuerpos. La Alcaldía Mayor de Bogotá, el alcalde mayor, el doctor Carlos Fernando Galán, dispuso que pudiéramos llevar un container de Bogotá para Cali, exactamente para Palmira, para también poder tener la capacidad de refrigeramiento de los cuerpos y que no se descompongan tan rápidamente.»
Ariel Cortés, director de Medicina Legal
Mientras las labores de rescate y asistencia continúan, la emergencia ha desatado un fuerte debate político y social. Las imágenes de los daños, difundidas por Reuters con fotografías de Juan David Duque, muestran la gravedad de la situación en Pereira y otras ciudades. Sin embargo, también ha sido viral un video de una mujer no identificada cuyas declaraciones provocaron indignación. «Ahora sí, señor de la Espriella Style, que venga todo el fracking que quiera, que el sustico de hoy nos quedó gustando», afirmó la mujer en el video, para después agregar: «Y ojalá el próximo terremoto vuelva a ser en Chocó, que eso al fin y al cabo por allá solo hay pobreza y ese departamento nadie lo voltea a mirar. Y de paso que se lleve unos cuantos caleños, que bien progresistas que sí son». Estas declaraciones encendieron el debate sobre la solidaridad nacional frente a la tragedia, la desigualdad regional y el uso de recursos como el fracking.
En el plano político, el presidente Gustavo Petro y el senador Antonio Sanguino criticaron duramente a una empresa de Medellín por impedir la evacuación de sus empleados durante el sismo, mientras que los representantes legales de la compañía salieron a defender la postura de la organización. La tragedia del 10 de agosto, que golpeó con especial fuerza a comunidades ya vulnerables por el conflicto armado, ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado colombiano y la cohesión social en medio del dolor y la controversia.
