El terremoto del 10 de agosto dejó un impacto profundo en el sistema de educación superior del país, con 117 instituciones afectadas, de las cuales 91 suspendieron actividades académicas y 54 presentan daños estructurales significativos, según el primer balance oficial presentado por el Ministerio de Educación Nacional. La emergencia, que tuvo especial incidencia en el departamento del Chocó, afectó a 114.855 estudiantes en todo el territorio colombiano, cifra que ha movilizado una respuesta coordinada entre las autoridades educativas, el Icetex, la CAF y organismos de atención a personas con discapacidad como el Inci y el Insor.
La ministra Viviane Morales Hoyos lidera la verificación de las condiciones de seguridad en las sedes educativas, articulando con las aseguradoras para evaluar los daños y las coberturas disponibles. El reporte preliminar consolidó 243 reportes de afectación, tanto en instituciones públicas como privadas, y desde la cartera se trabaja en la activación de los planes de gestión del riesgo, así como en el fortalecimiento de los protocolos de desastres. Como parte de las medidas inmediatas, se evalúan alivios y excepcionalidades para los beneficiarios del Icetex, incluyendo la flexibilización de créditos educativos para los estudiantes afectados.
Recursos internacionales y enfoque en Chocó
La CAF, representada por Rodrigo Peñailillo, redireccionó 48 millones de dólares del Programa de Espacios Educativos hacia la recuperación de la infraestructura dañada, priorizando al departamento del Chocó como la zona más golpeada. Estos recursos se complementarán con movilizaciones adicionales para diagnósticos técnicos, estructuración de proyectos y planificación de la reconstrucción. El Ministerio mantiene un seguimiento permanente con equipos técnicos y actores territoriales y nacionales para garantizar una respuesta ágil.
Entre los apoyos que se consideran para estudiantes y docentes afectados figuran alimentación, transporte, alojamiento, conectividad, equipos tecnológicos y atención psicosocial. Además, se implementarán estrategias de atención incluyente para personas con discapacidad visual, a través del Inci, y auditiva, mediante el Insor, garantizando que ningún estudiante quede excluido del proceso de recuperación educativa. La emergencia, que sacudió al país el pasado 10 de agosto, sigue marcando la agenda del sector mientras se avanza en la normalización gradual de las actividades académicas.
