La empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la logística electoral en Colombia, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el abogado Luis Guillermo Pérez Casas, reconocido por su militancia en el Pacto Histórico. La acción legal, interpuesta por intermedio del abogado Mauricio Pava Lugo, señala a Pérez por los presuntos delitos de perturbación de certamen democrático y hostigamiento, luego de que este realizara más de veinte publicaciones y pronunciamientos públicos que, según la compañía, cuestionaron sin sustento la transparencia del escrutinio electoral.
La denuncia se enmarca en el contexto posterior a las elecciones presidenciales de 2026, periodo en el que Pérez habría impulsado una estrategia de difusión de información orientada a instalar dudas sobre la legitimidad de los resultados. De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía, el abogado del Pacto Histórico promovió llamados a suspender el escrutinio nacional y a excluir determinadas mesas de votación, acciones que la empresa considera constitutivas de una narrativa de fraude electoral carente de fundamento.
Una estrategia de desinformación sistemática
Thomas Greg & Sons sostiene que las actuaciones de Pérez no se limitaron a opiniones aisladas, sino que configuraron una campaña sostenida de desprestigio contra el proceso electoral. La compañía argumenta que las más de veinte intervenciones públicas del denunciado afectaron el desarrollo normal del certamen democrático y minaron la confianza ciudadana en las instituciones electorales. La denuncia, que se encuentra en etapa de desarrollo, busca que la Fiscalía investigue si estas conductas constituyen una perturbación deliberada del certamen democrático, así como actos de hostigamiento contra la empresa responsable de la logística electoral.
El caso, que aún no tiene una fecha exacta de presentación confirmada, representa un nuevo capítulo en las tensiones políticas que rodearon los comicios de 2026. Mientras la Fiscalía evalúa los elementos presentados por Thomas Greg & Sons, el debate sobre los límites de la crítica electoral y la responsabilidad penal en la difusión de información sin sustento continúa abierto en el país.
