El Ministerio de Trabajo impuso una serie de medidas preventivas a la cadena Homecenter, tras el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido el pasado domingo 12 de julio de 2026 en la sede de la empresa en Soacha, Cundinamarca. La Dirección Territorial Cundinamarca realizó una visita de inspección de vigilancia y control que derivó en una orden de actuación administrativa sancionatoria por los presuntos incumplimientos en materia de prevención de violencia y acoso. El trágico suceso, que ha conmocionado a la región, involucra a Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, quien fue imputado por feminicidio agravado y a quien se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, sin que aceptara los cargos.
De acuerdo con la información conocida, Marulanda conoció a la víctima en febrero de 2026 y, según la Fiscalía, desde ese momento comenzó un hostigamiento persistente que se prolongó durante cinco meses. Rosa Mayerly, quien trabajaba en el establecimiento desde hacía cinco años, fue atacada con un cuchillo, recibiendo cuatro heridas de gravedad que le causaron la muerte posteriormente en un centro asistencial. La Policía Nacional había acompañado a la trabajadora en al menos dos ocasiones previas, debido a la situación de acoso que denunciaba.
Medidas ordenadas por la autoridad laboral
Las disposiciones del Ministerio de Trabajo buscan corregir las falencias en los protocolos de seguridad de la empresa. Dentro de las órdenes impartidas, se exige la actualización de la Política de Prevención de Discriminación, Violencia, Acoso Laboral y Acoso Sexual, en concordancia con la Ley 2528 de 2025 y el Convenio 190 de la OIT. Además, se deberá fortalecer las rutas de atención internas y su articulación con las entidades externas de apoyo. La compañía también está obligada a impartir capacitación especializada para todos los cargos que tengan personal a su cargo y a incorporar los riesgos de violencia y acoso en la matriz del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Un punto central de la medida es la obligación de actuar incluso sin que exista una denuncia formal por parte de la víctima, un aspecto que resultó crítico en el caso de Rosa Mayerly.
La empresa deberá demostrar documentalmente el cumplimiento de cada una de estas medidas ante la autoridad laboral. Este caso ha puesto de nuevo en el foco las alarmantes cifras de violencia de género en Soacha y Cundinamarca. Según los datos disponibles, Soacha concentra el 32% de los feminicidios de todo el departamento. El año 2025 cerró con 2.416 casos de violencia intrafamiliar en el municipio y más de 18.000 casos de violencia contra mujeres o población LGBTIQ+. El feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, ocurrido en su propio lugar de trabajo y tras un prolongado acoso, se ha convertido en un símbolo de la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de protección para las mujeres trabajadoras en Colombia.
