En un giro significativo dentro del proceso penal que se sigue contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual, tres de las cuatro mujeres que lo denunciaron renunciaron voluntariamente a continuar en el juicio y a la representación legal que les había sido asignada por la Defensoría del Pueblo. La decisión fue comunicada durante la audiencia de imputación de cargos, celebrada ante la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde las denunciantes presentaron un oficio solicitando que se reserve su identidad en cualquier diligencia judicial y manifestando su intención de no participar en las próximas instancias del proceso. La fiscal del caso, Patricia Hernández, confirmó la situación al señalar que “las víctimas, en número de tres, solicitan que se reserve la identidad de sus nombres en cualquier diligencia judicial y renuncian a la representación que pudiese ejercer la Defensoría Pública”.
La renuncia masiva de las denunciantes, cuya identidad permanece reservada, deja únicamente a una cuarta mujer como parte activa en el proceso, aunque su representación legal tampoco está plenamente definida. La abogada Ana Bejarano, quien ha acompañado a esta denunciante, se apartó temporalmente de la audiencia tras una decisión judicial que le exigía presentar un poder legal que revelara la identidad de su representada, lo que ha generado obstáculos adicionales para la continuidad del caso. A pesar de la deserción de tres de las víctimas, el proceso penal por acoso sexual no es querellable, lo que significa que la Fiscalía tiene la obligación constitucional de proseguir con la investigación, tal como lo explicó el profesor Johnnie Giraldo: “La Fiscalía debe cumplir con una obligación constitucional (…) y es continuar adelante con la investigación. Sí o sí debe hacerlo, porque hasta ahora solamente alcanzó el primer estándar de prueba, conocido como inferencia razonable”.
Un camino procesal complejo para la Fiscalía
La decisión de las tres denunciantes de apartarse del proceso supone un desafío considerable para el ente acusador, que ahora deberá buscar otras vías para sustentar la acusación. La abogada penalista Liliana González advirtió sobre las dificultades probatorias que se avecinan: “Si tres de las cuatro víctimas alegadas no van a estar en el proceso, no van a comparecer y no van a rendir el testimonio, será muy complejo para el ente acusador poder desvirtuar la presunción de inocencia frente a esas tres personas en particular”. Esta situación abre la puerta a que la defensa de Vargas solicite una preclusión parcial del caso, fundamentada en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, o que la Fiscalía intente utilizar los testimonios que las denunciantes ya habían entregado, aunque bajo condiciones específicas que no dependen exclusivamente de su voluntad.
El escenario se torna aún más incierto para la única denunciante que mantiene su interés en el proceso, pues además de la reserva de identidad, enfrenta la falta de una representación legal consolidada. La audiencia de imputación se desarrolló sin la presencia de las denunciantes ni de sus abogados, con excepción de la abogada Bejarano, quien se retiró al no poder cumplir con el requisito del poder legal sin exponer la identidad de su clienta. Mientras tanto, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, ha instado a la Fiscalía a mantener su rumbo: “Yo creo que la Fiscalía como institución tiene que irse hasta el final”. Sin embargo, expertos consultados señalan que si la última denunciante también decide retirarse, la causa podría quedar sin elementos probatorios directos, lo que haría inviable una eventual condena contra el presentador, quien ya fue imputado formalmente por el delito de acoso sexual. La Corte Constitucional ha reconocido el derecho al escrache en redes sociales como una forma de denuncia pública, pero esto no sustituye las garantías del proceso penal, que continúa su curso en una etapa preliminar donde la Fiscalía debe agotar todas las diligencias antes de presentar un escrito de acusación.
