Tres personas con antecedentes penales fueron halladas al interior de la residencia del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, en un episodio que el Gobierno Nacional dio a conocer de manera oficial el 3 de noviembre de 2026 y que ocurrió el pasado 28 de octubre, apenas seis días después de que el funcionario denunciara ante la Fiscalía una presunta instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos OPS durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El hallazgo, confirmado por las autoridades de protección que identificaron a los tres individuos y los pusieron a disposición de las autoridades competentes, encendió las alarmas sobre una posible retaliación contra el director del Dapre y su familia.
De acuerdo con el comunicado presidencial, los tres intrusos registran antecedentes que suman un homicidio y ocho hurtos agravados. A ese hecho se añadió un segundo episodio que terminó de configurar el cuadro de preocupación: un sospechoso fue visto merodeando cerca del establecimiento educativo al que asisten los hijos del funcionario y se retiró cuando advirtió la llegada de la Policía, sin que alcanzara a ser identificado plenamente. Sobre ese sujeto, el Gobierno precisó que «no alcanzó a quedar a disposición de las autoridades. Se trabaja para identificarla».
La denuncia que precedió al hallazgo
El contexto del caso se remonta al 21 de octubre, cuando Ríos Puerta anunció en un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado que presentaría una denuncia formal por la presunta utilización de mujeres jóvenes vinculadas al Dapre a través de contratos por prestación de servicios durante la administración de Petro. En esa sesión, el director del departamento adscrito a la Presidencia fue enfático al señalar que las denuncias no se quedarían en el terreno de la retórica.
«Hay denuncias y las haremos. Personalmente, las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia, que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS»
Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Dapre, en la Comisión Segunda del Senado
En la misma intervención, Ríos describió lo que, según su versión, ocurría al interior de la Casa de Nariño durante el anterior gobierno. «La Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a no gobernar, sino a todos los días parrandear allá, llevar mujeres», sostuvo entonces el funcionario, quien no divulgó públicamente los nombres de las mujeres mencionadas ni presentó pruebas durante la sesión, aunque aseguró que varias de ellas están en contacto con el actual Gobierno.
La denuncia quedó radicada formalmente ante la Fiscalía y derivó en una indagación preliminar que quedó registrada con noticia criminal del 23 de octubre, asumida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En el marco de esa investigación se prevé citar al propio director del Dapre, así como a Laura Sarabia y Angie Rodríguez, exdirectoras de la entidad, y ya fueron ordenadas inspecciones en las instalaciones del departamento. En paralelo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investiga a Petro por su rol como presidente, mientras que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema hace lo propio por su actuación actual como senador.
El pronunciamiento del Gobierno
Frente al hallazgo de los tres hombres en la vivienda del funcionario, la Presidencia emitió un pronunciamiento en el que calificó los hechos como materia exclusiva de la justicia y advirtió sobre la gravedad de los señalamientos que rodean el caso. «Se trata de señalamientos graves que corresponde esclarecer a la justicia», señala el documento oficial, que además exige celeridad a las autoridades para determinar si lo ocurrido tiene relación con la denuncia presentada por Ríos días atrás.
El Gobierno también expresó su respaldo al director del Dapre y a su núcleo familiar, al tiempo que garantizó la adopción de esquemas de protección. «El Gobierno Nacional expresa toda su solidaridad con el director Ríos y su familia, y exige que las autoridades esclarezcan con celeridad estos hechos y establezcan si guardan alguna relación con su denuncia», indica el comunicado, que añade que «el Gobierno garantizará las medidas de protección necesarias para el director y su familia, y reitera su respaldo a la Fiscalía para que la investigación avance sin presiones ni intimidaciones».
El caso de Ríos se inscribe en una discusión que ya tenía otros capítulos de alto voltaje. La denuncia pública sobre la presunta instrumentalización de mujeres a cambio de contratos se conoció tras el relato de Deicy Jiménez a la revista Semana, quien sostuvo que el expresidente habría utilizado a mujeres jóvenes con ese propósito. Petro rechazó las acusaciones mediante un comunicado y tiempo después se conoció que Andrés Felipe Caballero, abogado de Jiménez, renunció a la defensa por preocupaciones relacionadas con su seguridad. Sobre ese entramado, el pronunciamiento presidencial cerró con una frase que resume el tono del caso: «Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y dormir tranquilo. Mucho menos deberían pagarlo sus hijos».
