El Tribunal de Bogotá declaró vencido el plazo de 48 horas que le había otorgado a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que justificara el relevo de una fiscal que estaba a punto de imputar cargos contra otro funcionario por presunta presión a testigos en el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al expirar el término sin que la funcionaria cumpliera con la orden, se activa la posibilidad de que se tramite un incidente de desacato, según lo establecido en los artículos 20, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. El tribunal había fijado el ultimátum el viernes 3 de julio de 2026, fecha señalada en la fuente original, aunque versiones posteriores sugieren que podría tratarse de un error de datación.
La controversia se originó cuando la fiscal removida, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente, presentó una acción de tutela tras no obtener una respuesta satisfactoria a un derecho de petición dirigido a la Fiscalía General. La respuesta a esa solicitud fue firmada por el vicefiscal Gilberto Guerrero, y no por la titular del ente acusador, lo que la afectada consideró insuficiente. La fiscal había logrado reunir todas las pruebas necesarias para imputar cargos a otro fiscal acusado de presionar testigos para que declararan contra el expresidente Uribe, pero días antes de formalizar la imputación fue apartada del expediente. La decisión de removerla se sustentó en dos argumentos: una supuesta duplicidad de investigaciones y una cantidad indeterminada de procesos disciplinarios en su contra. Sin embargo, la funcionaria demostró que ambos fundamentos eran falsos, al unificar los procesos que avanzaban por los mismos hechos y al aportar un certificado que evidenciaba que no existía la cantidad de procesos disciplinarios que se le atribuían.
Contexto de la remoción y posibles implicaciones
La situación ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y político colombiano. Funcionarios de la Fiscalía han advertido que utilizar investigaciones disciplinarias como motivo para cambiar a un fiscal a cargo de un caso de alto perfil resulta improcedente, ya que es común que los investigados presenten quejas para forzar impedimentos y retrasar los procesos. La fiscal removida, al demostrar la falsedad de los argumentos usados en su contra, dejó en evidencia una posible maniobra para obstaculizar la investigación que involucra al expresidente Uribe, quien ha sido un actor central en la política nacional. El propio Uribe compartió la noticia de la remoción en su cuenta de X, lo que añadió una dimensión pública al caso.
El Tribunal de Bogotá, al constatar que el plazo de 48 horas expiró sin que la fiscal general cumpliera con la orden de rendir informe, aplicará la presunción de veracidad sobre los hechos denunciados por la fiscal removida. Esto significa que se darán por ciertos los argumentos presentados en la tutela, lo que allana el camino para un incidente de desacato contra Luz Adriana Camargo. De concretarse, la fiscal general podría enfrentar sanciones que van desde multas hasta la suspensión temporal de su cargo, según lo dispuesto en la normativa de tutelas. La fuente original de esta información, la revista Semana citada por Infobae, ha puesto de relieve la gravedad de la situación, que no solo afecta la credibilidad de la Fiscalía sino que también pone en entredicho la independencia judicial en uno de los casos más emblemáticos del país.
