El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo emitido el lunes 11 de mayo de 2026 bajo la ponencia de la magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides y con las intervenciones de los magistrados Fabián Iván Afanador García y Luis Norberto Cermeño, ordenó a Migración Colombia entregar en un plazo de 10 días la información migratoria completa sobre los ingresos y salidas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Esta decisión responde a la solicitud de acceso a la información pública presentada por el periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos, quien buscaba detalles como puestos de control migratorio, tipos de visa, alertas registradas, cédulas de extranjería e entrevistas secundarias.
El tribunal rechazó la negativa inicial de Migración Colombia, argumentando que la invocación genérica de motivos como seguridad nacional y protección de datos personales no cumplía con los requisitos legales establecidos en la Ley 1712 de 2014 y la Ley 2136 de 2021, ya que carecía de una justificación concreta y específica. En su lugar, el acceso a la información pública se erige como regla general, especialmente en casos de alto interés público como este.
Contexto de un escándalo internacional
Jeffrey Epstein, señalado como líder de una red de explotación sexual de menores, y su expareja Ghislaine Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión en Estados Unidos por tráfico sexual de menores, han generado renovado interés tras la divulgación de archivos judiciales en ese país. Estos documentos mencionan al expresidente colombiano Andrés Pastrana en relación con viajes en helicóptero junto a Maxwell y Epstein en territorio nacional, lo que eleva la demanda de transparencia por parte del Estado colombiano ante una criminalidad de alcance internacional.
«La simple invocación de la seguridad nacional no es suficiente para negar información de interés público».
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
El fallo subraya que, en contextos de graves violaciones a los derechos humanos, particularmente en casos de violencia de género, la Corte Constitucional ha enfatizado la necesidad de una respuesta institucional y un escrutinio ciudadano con protección reforzada. Hasta el momento, Migración Colombia no se ha pronunciado sobre la orden judicial, que obliga a la entrega de los registros en los próximos 10 días para satisfacer el legítimo interés público en este caso de repercusiones globales.
«En contextos de graves violaciones a los derechos humanos, específicamente en casos de violencia de género, la Corte Constitucional ha precisado que la respuesta institucional y el escrutinio ciudadano gozan de una protección reforzada».
Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
