Un tribunal en Estados Unidos ordenó el archivo definitivo de la acusación penal contra la firma colombiana Corficolombiana, filial del Grupo Aval, tras la terminación del acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA, por sus siglas en inglés) por parte del Departamento de Justicia (DOJ). La decisión, anunciada el pasado 26 de octubre, marca el cierre formal del proceso judicial iniciado contra la compañía en el marco del escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia.
El caso se originó por el pago de sobornos que superan los 23 millones de dólares a funcionarios colombianos, ejecutados entre 2012 y 2015, con el objetivo de asegurar la adjudicación y operación del contrato de infraestructura vial conocido como Ruta del Sol II. Corficolombiana reconoció su responsabilidad ante la justicia estadounidense por su participación en este esquema, lo que llevó a la firma del DPA en agosto de 2023.
Como parte de aquel acuerdo, la compañía se comprometió al pago de una sanción penal de 20,3 millones de dólares al DOJ. Adicionalmente, acordó desembolsar 40,27 millones de dólares ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), sumando un total de 60,57 millones de dólares en obligaciones financieras para resolver las investigaciones en su contra. El DPA también contempló estrictos compromisos de cooperación permanente y el fortalecimiento de los controles internos anticorrupción.
La orden de archivo llegó luego de que el DOJ constatara el cumplimiento cabal de todas las obligaciones pactadas por parte de Corficolombiana. Desde el Grupo Aval se reiteró el compromiso de la organización con los más altos estándares de ética empresarial, transparencia y cumplimiento normativo. No obstante, fuentes cercanas al caso aclararon que la decisión judicial, si bien representa un cierre definitivo en la vía penal estadounidense, no implica la conclusión automática de todas las actuaciones ante otros entes reguladores internacionales.
Un punto final a un largo proceso
Con este fallo, se pone fin a un capítulo judicial relevante para el sector financiero colombiano en el marco de uno de los mayores escándalos de corrupción en la región. La resolución, que confirma la extinción definitiva de la acción penal en contra de la filial, abre la puerta para que Corficolombiana y el Grupo Aval continúen enfocando sus esfuerzos en la solidez de sus prácticas de gobierno corporativo y en la prevención de delitos financieros a nivel global.
