El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo judicial que ordena a la Nueva EPS elaborar, certificar, difundir y publicar sus estados financieros correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025 en un plazo máximo de tres meses. La decisión, que responde a una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, busca garantizar la transparencia de la entidad, la cual concentra la atención de millones de afiliados y está bajo la lupa del Gobierno Nacional desde su intervención en abril de 2024.
El Tribunal determinó que la publicación de los estados financieros constituye una «obligación de resultado», lo que significa que la EPS no puede excusarse en trámites internos como saneamiento, validación o depuración contable para justificar el incumplimiento. La orden abarca tres años completos —2023, 2024 y 2025— y exige que la información no solo se produzca internamente, sino que se certifique, difunda y ponga a disposición del público, facilitando así el seguimiento ciudadano, institucional y judicial.
Fundamento jurídico de la orden
El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se apoya en los artículos 34 y 41 de la Ley 222 de 1995, así como en el numeral 4.4 de la Circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud. La Fundación para el Estado de Derecho argumentó que la Nueva EPS no había cumplido con la elaboración, aprobación y publicación de su información financiera para los años señalados, lo que vulneraba las normas que establecen estas obligaciones como mandatos claros, expresos e inobjetables. El Tribunal recordó que la Circular Externa 016 de 2016 tiene naturaleza de acto administrativo, por lo que puede ser exigida mediante una acción de cumplimiento, sin que medien excusas administrativas internas.
La decisión judicial se produce en un momento crítico para la Nueva EPS, que fue intervenida por el Gobierno Petro en abril de 2024 y enfrenta cuestionamientos sobre su situación financiera y exigencias de transparencia. Con esta orden, el Tribunal busca que los ciudadanos, las autoridades y los jueces puedan acceder a información confiable sobre el estado real de la entidad, fortaleciendo los mecanismos de control sobre una de las EPS más grandes del país.
