El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió una orden judicial que obliga al Gobierno Nacional, encabezado por la Presidencia de la República y los ministerios de Defensa y del Interior, a diseñar e implementar en un plazo máximo de 30 días un plan de intervención urgente para frenar la escalada de violencia en el municipio de Briceño, norte de Antioquia. La decisión, que responde a una acción popular impulsada por la Gobernación de Antioquia, busca proteger a la población civil ante la creciente amenaza de grupos armados ilegales, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas que han desencadenado homicidios, desplazamientos masivos y el asesinato del periodista Mateo Pérez.
La medida judicial establece plazos perentorios para la respuesta estatal. En los primeros 10 días hábiles, el Gobierno Nacional deberá informar al tribunal sobre el número de uniformados necesarios para restablecer la seguridad en la zona y convocar un Consejo de Seguridad extraordinario temporal, que será encabezado por la Presidencia. Una vez cumplido ese paso, las autoridades tendrán 30 días para diseñar y poner en marcha el plan de intervención, que deberá incluir estrategias concretas de protección para los habitantes de Briceño y sus corregimientos, como Travesías, Las Auras, Chorrillos, Pueblo Nuevo Berlín y Morrón.
Contexto de violencia y emergencia humanitaria
La crisis de orden público en Briceño no es reciente. La Defensoría del Pueblo ya había emitido la alerta temprana de inminencia 019 de 2025, advirtiendo sobre las confrontaciones armadas en el casco urbano y las veredas. Hasta septiembre de ese año, se registraron 10 homicidios de jóvenes entre 17 y 28 años, mientras que en octubre de 2025 se produjo un desplazamiento masivo de 1.033 familias, equivalentes a 2.110 personas. Entre los hechos más graves documentados está la detención ilegal de una ambulancia y la agresión a un paciente por parte del frente 18 en julio de 2025, así como el asesinato de un joven herido mientras era trasladado en ese mismo vehículo el 2 de abril de 2026, crimen atribuido a disidencias del frente 36.
La presencia de múltiples estructuras armadas ilegales –entre ellas el frente 36 de las disidencias de las Farc, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC/Clan del Golfo), las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el frente 18– ha generado un clima de zozobra constante. La población civil ha sido víctima de desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y uso de explosivos, una situación que el Tribunal Administrativo de Antioquia calificó como un riesgo inminente para los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, el espacio público y la protección de bienes públicos.
«El Tribunal reconoce lo que hemos denunciado: los habitantes de Briceño enfrentan un riesgo inminente y constante por la presencia de estructuras armadas ilegales, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas»
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
La Gobernación de Antioquia, que impulsó la acción popular, celebró el fallo judicial como un reconocimiento a las denuncias que han hecho sobre la crisis humanitaria. El gobernador Andrés Julián Rendón destacó que la medida obliga al Gobierno Nacional a coordinar una política pública específica con plazos perentorios, algo que hasta ahora no se había logrado. Además, el tribunal ordenó tramitar los desplazamientos forzados a través del Grupo de Apoyo a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a Alertas Tempranas (Ciprat), lo que busca garantizar una atención integral a las víctimas. El asesinato del periodista Mateo Pérez, por el cual ya se reportó la captura de alias Víctor Chalá, puso la crisis de Briceño en el foco nacional y aceleró esta respuesta judicial que ahora exige acciones concretas con plazos inaplazables.
