La Unidad Nacional de Protección (UNP) salió al paso de las declaraciones del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien aseguró que la entidad manipula los esquemas de seguridad con criterios políticos. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la UNP calificó las afirmaciones de Lara como falsas y afirmó que demuestran un «aparente desconocimiento» de las normas que rigen la protección de ciudadanos y colectivos en Colombia. La controversia se desató luego de que Lara, a través de la misma red social, señalara que «hoy los esquemas de seguridad son manipulados con criterio político y de retaliación por el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez», y advirtiera que «eso termina el 7 de agosto», en alusión al cambio de administración.
La UNP respondió con contundencia, rechazando las acusaciones y defendiendo la transparencia de sus procesos. En su comunicado, la entidad precisó que la asignación de medidas de protección se basa en evaluaciones técnicas realizadas por el Comité de Evaluación de Riesgo (Cerrem), de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1066 de 2015, y no responde a instrucciones partidistas. «La Constitución garantiza la misma protección y trato de las autoridades sin discriminación por opinión política», subrayó la UNP, que agregó que la política del actual gobierno ha priorizado proteger la vida, en especial la de quienes ejercen la oposición, y que la entidad actúa con rigor y respeto por el debido proceso, «no como instrumento político como ocurrió en otras administraciones».
Contexto de las acusaciones
Las declaraciones de Rodrigo Lara se produjeron en el marco de una preocupación pública que expresó por la situación de Angie Rodríguez, funcionaria del Fondo de Adaptación. Según Lara, Rodríguez habría sido amenazada y presionada para autorizar el traslado de recursos del Fondo de Adaptación por un monto superior a un billón de pesos. El ministro designado afirmó que se le exigió silencio y que ella se negó a realizar la transferencia. Lara hizo un llamado a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para intervenir y detener el movimiento de esos recursos, advirtiendo sobre riesgos de corrupción en procesos de contratación y exhortando a los funcionarios a no acatar «órdenes espurias».
«Hoy los esquemas de seguridad son manipulados con criterio político y de retaliación por el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez. Eso termina el 7 de agosto»
Rodrigo Lara, ministro del Interior designado
La UNP, por su parte, reiteró su compromiso con la legalidad y la imparcialidad, y calificó las afirmaciones de Lara como «infundadas». En su respuesta, la entidad también recordó que la protección de la vida ha sido un eje central de la política del gobierno actual, en especial para los sectores de oposición. El cruce de acusaciones se da en un clima de transición política, a menos de un mes del cambio de mando previsto para el 7 de agosto, y pone de relieve las tensiones en torno a la gestión de los recursos y la seguridad de los funcionarios públicos.
