La Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró de manera definitiva los esquemas de seguridad a un amplio grupo de exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro y a personas cercanas al petrismo, tras una revisión que comenzó a finales de agosto de 2026. La decisión, anunciada en medios de comunicación, afecta a más de una veintena de personas, entre ellas varios exministros, altos comisionados, directores de entidades y activistas, quienes perderán custodios, vehículos blindados y demás medidas de protección que les habían sido asignadas durante la administración anterior.
Entre los afectados se encuentran figuras como Armando Benedetti, exministro del Interior; Antonio Sanguino, exministro de Trabajo; Luis Alfredo Acosta Zapata, exministro de Igualdad; Yesenia Olaya, exministra de Ciencia; Diana Morales, exministra de Comercio; Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro de Salud; Germán Ávila, exministro de Hacienda; Rosa Yolanda Villavicencio, excanciller; José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda; Edwin Palma, exministro de Minas; Yeimi Carina Murcia, exministra de TIC; Otty Patiño, exalto comisionado para la paz; Jorge Lemus, exdirector de Inteligencia; Daniel Quintero, exsuperintendente de Salud; Ángela María Robledo, expresidenta de la junta de Ecopetrol; Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones; Pilar Rueda, esposa del senador Iván Cepeda y funcionaria de la JEP; Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd; Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de la senadora Aida Quilcué; Daniel Mendoza, activista y creador del documental Matarife; Beto Coral, creador de contenido; Levy Rincón; Gabriela Muñoz, activista; y Juliana Guerrero, investigada por presunto fraude procesal. La UNP, encabezada por Didier Blanco, concluyó que las condiciones de peligro denunciadas ya no se mantenían activas o que los beneficiarios no cumplían con los criterios de riesgo exigidos por la normativa.
Revisión y criterios de la UNP
La evaluación de los esquemas de seguridad se realizó mediante análisis periódicos que revisan la persistencia de amenazas directas, la exposición pública de cada persona y la proporción entre el gasto estatal y el riesgo acreditado. Según la UNP, no se logró acreditar el nivel de amenaza requerido para mantener la protección en varios de los casos. La decisión afecta de manera particular a tres beneficiarios afines a Petro y al Pacto Histórico: Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, cuyo costo mensual aproximado ascendía a 40 millones de pesos solo en escoltas, vehículos, combustible y viáticos. En el caso de Beto Coral, la protección le fue otorgada de forma inmediata tras su deportación de Estados Unidos, sin las evaluaciones previas exigidas por el protocolo, lo que generó cuestionamientos internos. Juliana Guerrero, por su parte, enfrenta una investigación por presunto fraude procesal relacionado con falsificación de título universitario y una posible red de contratación estatal, mientras que Gabriela Muñoz recibió su esquema en la fase final del gobierno Petro tras denunciar intimidaciones, aunque la Fiscalía no pidió escoltas directas sino un estudio técnico de riesgo.
Declaraciones y apelaciones
Jorge Lemus, exdirector de la DNI y encargado de la UIAF, confirmó en La FM que “la decisión todavía no se ha hecho efectiva” y anunció que apelará la medida. Lemus responsabilizó al Gobierno de Abelardo de la Espriella por lo que pueda sucederle, señalando que el retiro de la protección lo deja en una situación de vulnerabilidad. La UNP informó que los afectados tienen un plazo de 10 días para presentar recursos de apelación, opción que ya están evaluando varios de los exfuncionarios. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, señaló además una presunta injerencia de Gabriela Muñoz en decisiones de la Aeronáutica Civil, un señalamiento que se suma al contexto de las investigaciones que rodean a algunas de las personas que perdieron su esquema.
La decisión de la UNP se produce en un momento de alta tensión política, pues la lista incluye a miembros del denominado ‘Gabinete de las sombras’ que promueven a Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda. Entre agosto de 2022 y junio de 2026, la UNP registró 313 incidentes de seguridad contra personas con medidas de protección, de los cuales 276 fueron atentados, lo que evidencia la complejidad del contexto de riesgo en el país. Sin embargo, la entidad consideró que las condiciones actuales no justifican mantener los dispositivos asignados a estos exfuncionarios, generando un debate sobre los criterios de evaluación y la seguridad de quienes estuvieron en la primera línea del gobierno anterior.
