El expresidente Álvaro Uribe Vélez negó rotundamente ante la Fiscalía General de la Nación cualquier reunión o vínculo con grupos paramilitares durante su gestión como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1998, según la versión libre que rindió el 27 de noviembre de 2023 y que fue revelada por la revista Cambio el pasado 30 de junio de 2025. La declaración constituye su principal línea de defensa ante la citación judicial definitiva programada para el 24 de julio de 2026, fecha en la que la Fiscalía podría solicitar su absolución o dictar una medida de aseguramiento en el marco del expediente que investiga sus presuntos nexos con paramilitares en Antioquia.
La investigación, que se extiende por más de dos décadas, reúne cuatro hechos específicos ocurridos en el departamento durante el mandato de Uribe: la hacienda Las Guacharacas, señalada como presunto punto de conformación del Bloque Metro de las Autodefensas; la masacre de La Granja, perpetrada el 11 de junio de 1996; la masacre de El Aro, ocurrida entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, y el asesinato del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle, el 27 de febrero de 1998. En su versión, Uribe rechazó cualquier responsabilidad por omisión, determinación o nexos directos con estos hechos.
Las cifras de las masacres y la defensa de Uribe
El expresidente centró su defensa en cuestionar la credibilidad de los testigos que lo han señalado, entre ellos los exparamilitares Salvatore Mancuso, Francisco Villalba y Juan Guillermo Monsalve. Sobre Mancuso, Uribe recordó que en declaraciones previas el jefe paramilitar había dicho que Pedro Juan Moreno, entonces su secretario de Gobierno, no sabía de la masacre de La Granja, y que después, ya extraditado, afirmó que Álvaro Uribe Vélez no tuvo nada que ver en El Aro, ni directa ni indirectamente. “Hoy sostiene que, como Pedro Juan sabía, yo, que era el gobernador, tenía que saber. A tantas masacres que ocurrieron en Antioquia se les dice injustamente ‘omisión’”, afirmó Uribe en su declaración.
Respecto a la masacre de El Aro, en la que fueron asesinados 17 campesinos, incendiadas 42 viviendas, robadas más de mil reses y desplazadas cerca de 1.400 personas, Uribe aseguró que dos meses antes de la masacre la periodista Margarita María Tobón presentó una queja sobre una supuesta confabulación y que él de inmediato puso la denuncia ante la Fiscalía, específicamente ante el fiscal regional Mancilla, y que tiene copia de la misma. “¿Que el grupo de La Granja recorriera la carretera desde Caucasia y pasara frente a la Policía y el Ejército es un argumento para señalar de omisivo al gobernador, con esas circunstancias de orden público? Las autoridades de Ituango decían que no tenían sino 100 hombres entre Ejército y Policía cuando necesitaban 1.000: la fuerza pública estaba desprotegida, había una enorme dificultad para transportarla y carencia de helicópteros”, agregó el expresidente.
«No hay un paramilitar que pueda decir que se reunió conmigo, que me conoce, que fue amigo mío. El único que lo ha dicho es Mancuso»
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
Los cuestionamientos a los testigos y el caso de la hacienda Las Guacharacas
Uribe también cuestionó la declaración de Francisco Villalba, quien afirmó haber participado en una reunión con el entonces gobernador, pero según Uribe, Villalba ubicó en esa reunión a un militar que ya había fallecido para la fecha del encuentro. Sobre Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso, Uribe sostuvo que no fue cercano a él. En cuanto a la hacienda Las Guacharacas, que la familia Uribe habría vendido después del asesinato de su padre, Alberto Uribe Sierra, en 1983, el expresidente afirmó que la venta ocurrió antes de los hechos investigados, desmintiendo así que el inmueble hubiera sido usado para la conformación de estructuras paramilitares durante su gobierno.
El expresidente también se refirió al asesinato de Jesús María Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998, cuando ya había terminado su mandato y se encontraba en la Universidad de Oxford. Uribe negó haber tenido enemistad con el abogado y afirmó que trabajaron juntos en la crisis humanitaria de Ituango, al tiempo que desmintió que la Gobernación hubiera impedido su viaje en helicóptero oficial. “No hay un paramilitar que pueda decir que se reunió conmigo”, insistió Uribe, quien situó a Pedro Juan Moreno como figura central en los hechos, pero negó que su nombramiento como secretario de Gobierno respondiera a una relación con el paramilitarismo, sino a un acuerdo político.
La próxima diligencia judicial del 24 de julio de 2026 será definitiva para el expresidente, pues la Fiscalía, tras más de dos décadas de investigación, deberá decidir si lo absuelve o si dicta una medida de aseguramiento. Mientras tanto, la versión libre de Uribe, revelada esta semana, deja clara su estrategia de defensa: negar cualquier vínculo, cuestionar la credibilidad de los testigos y argumentar que la gobernación de Antioquia carecía de los recursos para enfrentar la violencia paramilitar de la época.
