El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, propuso austeridad, reducción del tamaño del Estado y estímulos a la inversión privada como recetas para enfrentar la crisis fiscal que heredó el gobierno de Gustavo Petro, en abierta contraposición con la iniciativa del senador Christian Garcés, coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación 2027, quien ha sugerido aplazar el pago de la deuda pública para liberar recursos hacia la inversión. El debate se da en el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación 2027, cuyo monto asciende a 634,9 billones de pesos, casi 60 billones más que lo presentado por la administración anterior, y que revela un panorama fiscal crítico: el servicio de la deuda alcanzará los 155,4 billones de pesos, equivalentes al 7,3% del PIB, con un incremento del 54,7% frente a los 100,4 billones proyectados para 2026. Mientras los ingresos mensuales promedio del Estado son de 29 billones de pesos, los gastos superan los 40 billones, una brecha que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, reconoce que se cubre con endeudamiento.
Uribe, a través de su cuenta en X, defendió que la reputación financiera de Colombia se ha sostenido precisamente porque el país siempre ha cumplido con sus obligaciones, y planteó una hoja de ruta alternativa: «Un camino para esta difícil situación podría ser austeridad, reducción del tamaño del Estado, estímulos a la inversión privada, todo lo cual facilitaría un ahorro financiero de 20 billones al contratar créditos menos costosos para pagar los más costosos», escribió el exmandatario. Su propuesta incluye la creación de un fondo independiente que se nutra de créditos sindicados y multilaterales, y un ahorro significativo de 20 billones de pesos mediante la reducción del gasto público y la burocracia estatal.
Propuestas encontradas para la crisis fiscal
En el extremo opuesto, el senador Christian Garcés ha puesto sobre la mesa una medida que generó controversia: aplazar el pago de la deuda pública. «En mi caso particular, he propuesto que se estudie a fondo aplazar pago de deuda, porque ciento cincuenta billones para el próximo año es muy alto y necesitamos dirigir recursos, aumentar la inversión que quedó estancada, entre otras cosas», declaró Garcés, quien también es coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación 2027. La propuesta busca redirigir parte de los 155,4 billones de pesos destinados al servicio de la deuda —que concentran cerca de uno de cada cuatro pesos del presupuesto— hacia rubros de inversión, que apenas suman 86,9 billones, frente a los 392,6 billones destinados al funcionamiento del Estado.
«La reputación financiera de Colombia se ha soportado en que siempre ha cumplido con las deudas»
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (en X)
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha sido claro al explicar la magnitud del desbalance: «¿Cómo se cubre la diferencia? Con endeudamiento», respondió al ser consultado sobre la brecha mensual de más de 11 billones de pesos entre ingresos y gastos. El Presupuesto General de la Nación 2027 fue sincerado por la actual administración, que incrementó en casi 60 billones la cifra presentada originalmente por el gobierno de Gustavo Petro, evidenciando un deterioro fiscal que el Centro Democrático atribuye a las políticas del Ejecutivo saliente.
El debate se extiende a la reforma pensional
En medio de esta discusión, Uribe también se refirió a la reforma pensional que la Corte Constitucional avaló en un 90% el pasado 25 de agosto de 2026, devolviendo nueve artículos al Congreso. El expresidente propuso que sean los fondos privados los que manejen todas las cotizaciones pensionales y que Colpensiones cierre nuevas afiliaciones y traslados, aunque respetando a los afiliados actuales. Uribe calificó a Colpensiones como «ineficiencia, derroche y clientelismo» y aseguró que «no se necesita». El Centro Democrático ya anunció una contrarreforma pensional, argumentando que la ley limita la libertad de elección y compromete el ahorro público. Mientras tanto, el gobierno de Gustavo Petro planea presentar una ley de reactivación y reordenamiento económico después de la aprobación del presupuesto, en un intento por estabilizar unas cuentas fiscales que, según todas las proyecciones, seguirán siendo el centro del debate político y económico en los próximos meses.
