La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, declaró la calamidad pública por un periodo de seis meses mediante el Decreto No. 1.03.01-1070 de 2026, tras la aprobación del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. La medida responde al devastador sismo de magnitud 7,4 que sacudió la región el pasado 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y que dejó al menos 27 personas fallecidas en el departamento, además de graves daños estructurales en varios municipios.
La decisión se fundamenta en la Constitución y en la Ley 1523 de 2012 sobre gestión del riesgo de desastres, y fue adoptada bajo el principio de “hecho notorio”, lo que permite a la administración departamental activar protocolos de ayuda y coordinación de manera más flexible y expedita, sin necesidad de esperar informes técnicos exhaustivos. El balance preliminar de víctimas fatales se distribuye en diez municipios: Buga reportó tres fallecidos; Zarzal, uno; El Cairo, dos; Roldanillo, tres, entre ellos un concejal; Yumbo, tres; Calima El Darién, cuatro; Buenaventura, cuatro; Sevilla, cinco; Florida, uno, y La Unión, uno.
Infraestructura crítica severamente afectada
La emergencia golpeó con especial dureza la infraestructura pública y la capacidad hospitalaria. El Hospital de El Águila colapsó por completo, mientras que el de Zarzal también sufrió un colapso y se encuentra saturado. En el municipio de El Cairo, el 80 % de las edificaciones presentan afectaciones estructurales, lo que lo convierte en una de las localidades más golpeadas. La Gobernación, los organismos de socorro y la Fuerza Pública se encuentran desplegados en las zonas afectadas, realizando labores de evacuación, atención a damnificados y evaluación de daños.
Movilización de recursos y censo de damnificados
En Buenaventura, el Distrito ya dispuso el envío de maquinaria amarilla, carpas y colchonetas para atender a las familias afectadas. La administración departamental consolida un censo municipio por municipio con el fin de articular las ayudas ante el Puesto de Mando Unificado Nacional. El decreto también ordena la formulación de un Plan de Acción Específico de Recuperación, la revisión de daños en la infraestructura pública y la notificación a las aseguradoras para reclamar las pólizas vigentes. La medida de calamidad pública regirá por seis meses, plazo durante el cual se espera avanzar en la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo más devastador que haya sacudido la región en décadas.
