Las víctimas del atentado con explosivos ocurrido el 17 de junio de 2017 en el baño de mujeres del segundo piso del Centro Comercial Andino de Bogotá han lanzado una alerta ante la posibilidad de que el caso prescriba a nueve años del ataque. El proceso judicial se encuentra en etapa de juicio con un avance considerado muy lento por sus representantes, y el plazo máximo de prescripción en Colombia es de diez años, lo que deja apenas un año para que se dicte un fallo definitivo. Tres mujeres perdieron la vida aquella tarde de vísperas del Día del Padre: Julie Huyn, Ana María Gutiérrez, de 27 años, y Leidy Paola Jaime Ovalle, de 31 años. Otras personas resultaron heridas, entre ellas Irma del Pilar Molano, quien perdió una pierna y hoy es una de las sobrevivientes que clama por justicia.
El abogado de las víctimas, Francisco Bernate, ha sido enfático en denunciar que el panorama judicial es desolador y que la reparación integral ha sido esquiva. “El proceso está en la fase de juicio, con un avance muy lento. Si ya hoy estamos conmemorando nueve años, el término máximo de prescripción en Colombia es de diez años, de manera que hoy podemos decir que difícilmente, en un año, vamos a terminar con este juicio, porque ha sido un juicio difícil, ha sido un juicio largo, realmente es muy difícil que se logre una condena en el año que queda”, declaró Bernate. “La situación es crítica, de ausencia de justicia”, agregó, subrayando que las víctimas han estado olvidadas y sin reparación, y que incluso fue necesario acudir a acciones judiciales para lograr su inclusión en el Registro Nacional de Víctimas.
Proceso judicial y responsable señalada
El juicio principal avanza contra varios presuntos responsables del atentado, pero de manera paralela se procesa a Violeta Arango Ramírez, señalada de descargar los planos del lugar del ataque. Arango Ramírez fue capturada en un campamento del ELN y luego estuvo detenida, pero en noviembre de 2022 fue designada gestora de paz por el Gobierno Nacional, decisión que —según el abogado Bernate— nunca atendió los intereses de las víctimas, quienes se enteraron por los medios de comunicación. Su condición de gestora fue revocada posteriormente, y en febrero de 2026 se reactivó su orden de captura, aunque hasta el momento se desconoce su paradero. “Fue una situación absolutamente desafortunada, porque efectivamente se logró su captura en un campamento del ELN y ella estuvo detenida, posterior a lo cual fue designada gestora de paz. Decisión en la que nunca se atendieron los intereses de las víctimas”, afirmó Bernate.
“Las víctimas han estado olvidadas, donde a hoy no han tenido una reparación. Para lograr su inclusión en el Registro Nacional de Víctimas fue necesario acudir a acciones judiciales. Finalmente se logró, pero no había una reparación (…) judicialmente el panorama es desolador”.
Francisco Bernate, abogado de las víctimas
Las víctimas del atentado también han denunciado que, en los casos de reparación directa contra el Estado, algunas demandas resultaron en condenas económicas, pero otras fueron falladas en contra. Mientras se cumple el noveno aniversario de la explosión que enlutó a Bogotá, las familias y los sobrevivientes esperan que en el año que resta antes del vencimiento del término de prescripción la justicia pueda avanzar lo suficiente para evitar que el caso quede impune. Sin embargo, las declaraciones del jurista Francisco Bernate dejan entrever un pronóstico sombrío: con un juicio que se ha prolongado y que aún enfrenta obstáculos procesales, la posibilidad de una condena firme parece cada vez más lejana.
