Un impactante video grabado con cámara oculta en el sector Unilago, en la localidad de Chapinero de Bogotá, revela la venta ilegal de bases de datos personales que incluyen nombres, cédulas, teléfonos y empresas de miles de ciudadanos, un hecho denunciado por el concejal Julián Espinosa durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá. En las imágenes, un vendedor anónimo ofrece estas listas a través de WhatsApp o correo electrónico, facilitando así la labor de grupos de extorsión que operan en la ciudad.
Entre las bases comercializadas destaca una empresarial con 24.850 registros por 100.000 pesos y otra de pensionados con 18.800 registros por 200.000 pesos, afectando a ciudadanos comunes, adultos mayores y personas con empresas registradas, quienes reciben llamadas sospechosas, mensajes y grabaciones automatizadas. Este mercado ilegal de información personal agrava la inseguridad en la capital, donde en lo que va de 2026 se han reportado 441 casos de extorsión, de los cuales 214 fueron telefónicos y 96 a través de redes sociales, representando el 71% por canales directos.
Cifras que evidencian el fracaso en metas de seguridad
El concejal Espinosa subrayó que las cifras oficiales del Distrito muestran metas de seguridad incumplidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura, como los homicidios que en 2024 alcanzaron una tasa real de 15,3 por cada 100.000 habitantes frente a una meta de 12, y en 2025 una real de 14,7 contra 12,9 prevista. Además, se registraron 18.607 casos de lesiones personales, más de 10.000 hurtos anuales en Transmilenio y un aumento en incidentes reportados a la línea 123, incluyendo riñas, maltrato y hechos contra la convivencia.
“Esta empresarial viene con 24.850 registros”
Vendedor en Unilago
En el video, el vendedor promociona sin reparos sus productos ilícitos, afirmando que la base de pensionados es ideal porque “a ellos les puede vender lo que sea”. Espinosa alertó sobre la gravedad del asunto, cuestionando de dónde obtienen los extorsionadores la información de las víctimas, dado que la mayoría de los casos se dan por llamadas y redes sociales.
“Lo que estamos viendo es extremadamente grave. Aquí hay un mercado ilegal de información personal que podría estar siendo utilizado para cometer delitos como la extorsión”
Julián Espinosa, concejal de Bogotá
Deficiencias en infraestructura carcelaria
El debate también expuso la falta de avances en la capacidad carcelaria, con el predio de la Cárcel Distrital II entregado por el Gobierno Nacional en 2024 y un contrato para estudios y diseños por más de 5.196 millones de pesos terminado sin ejecución. Mientras se responsabiliza a la justicia por la liberación de delincuentes, la ciudad no amplía su infraestructura para contener la delincuencia, dejando a los bogotanos expuestos a estos riesgos crecientes.
“Las cifras del propio Distrito muestran que hay metas de seguridad que no se están cumpliendo. No es un tema de percepción, son datos oficiales”
Julián Espinosa, concejal de Bogotá
Esta denuncia pone en evidencia la urgencia de acciones contundentes contra el tráfico de datos personales y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, en un contexto donde los ciudadanos exigen respuestas efectivas a la escalada de delitos que afectan su cotidianidad.
