Una volqueta cargada con explosivos detonó en la noche del domingo 1 de noviembre en el barrio Aeropuerto del municipio de Planadas, al sur del Tolima, dejando un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses. El estallido, ocurrido a las 9:44 p. m., fue captado por una cámara de seguridad del sector, que registró un destello rojo intenso en medio de la tranquilidad de la zona residencial. La explosión, cerca de una base militar y del Hospital Centro, causó también heridos y graves daños materiales en viviendas y edificaciones aledañas, incluida la farmacia contigua al centro asistencial.
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó la magnitud de la tragedia con un mensaje en el que expresó: «Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas». La mandataria calificó el hecho como de «extrema gravedad» y advirtió que la Alcaldía y la Gobernación requerirán apoyo para atender a las víctimas y reconstruir el hospital y la farmacia destruidos. Por su parte, el Comandante General de las Fuerzas Militares señaló en un comunicado que «la barbarie terrorista que golpeó a Planadas, Tolima, y arrebató la vida de ciudadanos inocentes, entre ellos una bebé de apenas dos meses, demuestra el absoluto desprecio de los criminales por la vida y la dignidad humana». El alto mando militar ordenó reforzar la presencia del Ejército y la coordinación con otras instituciones para proteger a la comunidad e identificar a los responsables.
Contexto de violencia y disputa territorial
El atentado se enmarca en la disputa territorial entre las disidencias del Estado Mayor Central, conocidas como el grupo de Mordisco, y la Segunda Marquetalia, agravada por la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del Tolima. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó que la entidad había advertido el riesgo en la Alerta Temprana 016 de 2022, y calificó los hechos como una infracción al Derecho Internacional Humanitario. «Estos hechos infringen el Derecho Internacional Humanitario», afirmó Marín, quien añadió: «El contexto explica, pero jamás permitirá justificar el sufrimiento del sur del departamento, motivado por la ambición alrededor de las economías ilegales». La defensora ofreció acompañar los esfuerzos del municipio, la gobernación y el Gobierno nacional para atender la emergencia.
«A quienes pretenden imponer el terror les reiteramos: las Fuerzas Militares no se intimidan, no retroceden y no permitirán que la violencia criminal doblegue a las comunidades»
Comandante General de las Fuerzas Militares
En los últimos días se habían registrado hechos graves en el vecino municipio de Ataco por la misma disputa, y la Fuerza Pública habría impedido que la minería ilegal se extendiera hacia Planadas. Las imágenes de video posteriores a la explosión mostraron casas y edificaciones con daños considerables, escombros esparcidos en la zona y la destrucción total de la farmacia del hospital. El alto mando militar subrayó que el ataque constituye una grave vulneración de los derechos humanos y podría ser una infracción al Derecho Internacional Humanitario, mientras que la comunidad permanece consternada y las autoridades locales evalúan la magnitud de los daños para coordinar la ayuda humanitaria y la reconstrucción de las estructuras afectadas.
