El senador electo Wadith Manzur, quien se encuentra recluido en la Escuela de Caballería con medida de aseguramiento preventiva por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), presentó un derecho de petición ante el Congreso de la República solicitando que se le permita posesionarse de manera virtual o, en su defecto, que la mesa directiva del Senado se traslade hasta el lugar de reclusión para que pueda asumir su curul. La solicitud fue confirmada el 28 de julio de 2025 y actualmente está siendo analizada por el equipo jurídico de la corporación, encabezado por el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien indicó que se busca dar respuesta conforme a la Constitución y la ley.
La petición de Manzur se fundamenta en que, al no existir una sentencia condenatoria en su contra, la medida de aseguramiento es de carácter preventivo y no debería impedir el ejercicio de sus derechos políticos como congresista electo. La Corte Suprema de Justicia ya había solicitado al Senado pronunciarse sobre la viabilidad de que Manzur asuma su curul, recordando precisamente que la restricción de su libertad no equivale a una condena firme. El presidente Henríquez señaló que el secretario general y el equipo jurídico estudian la petición para determinar si es jurídicamente procedente.
Un caso que pone a prueba los límites institucionales
El escándalo de corrupción en la Ungrd, que salpica a varios congresistas y funcionarios, ha puesto a Manzur en el centro del debate público. La solicitud de posesión desde la reclusión no es un hecho aislado en la historia política colombiana: existen precedentes como el de Aída Merlano, a quien le fue negada la posibilidad de posesionarse estando presa, y el de Karen Manrique, cuya solicitud también fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia en el marco del mismo caso de la Ungrd. Estos antecedentes reflejan una tensión recurrente entre la garantía de los derechos políticos individuales y la necesidad de preservar la confianza institucional.
El analista y coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano, Alejandro Toca, considera que la petición de Manzur es jurídicamente posible, en el sentido de que cualquier ciudadano puede solicitar a las autoridades que garanticen el ejercicio de un derecho político. Sin embargo, advierte que la procedencia no implica aceptación automática. «Que sea procedente no significa que necesariamente deba ser aceptada. Lo interesante de este caso no está solamente en la discusión jurídica, sino en la tensión institucional que plantea. El Estado debe armonizar principios igualmente importantes», afirmó Toca.
«Desde la perspectiva de la gestión pública y el análisis institucional, yo diría que sí es una petición jurídicamente posible, en el sentido de que cualquier ciudadano puede solicitar a las autoridades que garanticen el ejercicio de un derecho político»
Alejandro Toca, coordinador de la Maestría en Gestión Pública, Universidad Politécnico Grancolombiano
El experto subraya que el caso va a poner a prueba la capacidad del Estado para proteger simultáneamente derechos individuales y la legitimidad de las instituciones. Toca advierte que, de aprobarse la solicitud, surgirán interrogantes complejos sobre cómo Manzur podría cumplir con sus funciones como congresista estando privado de la libertad. «Si eventualmente una persona llegara a posesionarse, pero las restricciones judiciales le impiden asistir a sesiones, deliberar, votar, integrar comisiones o incluso ejercer control político, inevitablemente va a surgir una discusión sobre cómo armonizar la investidura formal con el ejercicio material de la función pública», señaló el académico.
«En últimas, este caso va a poner a prueba la capacidad del Estado para proteger simultáneamente derechos individuales y la legitimidad de las instituciones»
Alejandro Toca, coordinador de la Maestría en Gestión Pública, Universidad Politécnico Grancolombiano
Entre los puntos que, según Toca, deberán resolverse si la solicitud es aceptada, están aspectos como el salario que percibiría Manzur, la posibilidad de ejercer control político desde la reclusión y las implicaciones en términos de moralidad administrativa. El Congreso deberá definir si la investidura formal puede desligarse del ejercicio material de la función pública, un debate que, en opinión del analista, marcará un precedente importante para futuros casos similares. Mientras tanto, la decisión queda en manos del equipo jurídico del Senado, que deberá sopesar los derechos políticos del senador electo con la necesidad de mantener la confianza ciudadana en las instituciones.
