La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón encendió las alarmas en redes sociales al denunciar una presunta vulneración de los derechos fundamentales de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien se encuentra recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá. A través de una transmisión en vivo realizada el 3 de julio de 2025, durante el partido entre Colombia y Ghana, Calderón afirmó que a la influenciadora no se le permite recibir visitas, ni siquiera de su abogada defensora, Wendy Herrera. “No nos quieren dejar a ver a Epa Colombia, no sabemos nada, hoy fue la abogada y no se la dejan ver ni siquiera a ella”, declaró visiblemente consternada, mientras denunciaba que la situación es «inhumana» y que ni siquiera los criminales más peligrosos son tratados de esa manera.
La abogada Wendy Herrera corroboró la denuncia al asegurar que desde las 9:30 de la mañana de ese mismo día se presentó en la estación de Policía de Carabineros con la intención de entrevistarse con su representada, pero le fue negado el ingreso. “Soy su abogada y no me permitieron el ingreso, vulnerando así todas las garantías del debido proceso y su derecho a una defensa técnica”, señaló en un comunicado difundido horas después. Herrera, quien ha asumido la defensa de Epa Colombia, prometió “acabar con todas las irregularidades, con todas las vulneraciones y con todos los atropellos que han cometido contra Epa Colombia”, y advirtió que sacará a la luz “todas las manos oscuras que están detrás de la privación de su libertad”.
Condena de más de cinco años por los hechos del estallido social
Daneidy Barrera Rojas fue condenada en 2025 a una pena superior a cinco años de prisión por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación al transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, luego de que en 2019, durante el estallido social, se viralizara un video en el que destruía parte de una estación de TransMilenio en Bogotá. Desde entonces cumple su condena en la Escuela de Carabineros, separada de su familia y con un flujo de información sobre su estado que se había reducido en los últimos meses. Las recientes alertas de Yina Calderón y la abogada Herrera han reactivado la preocupación pública sobre las condiciones de reclusión de la joven, pues sus allegados aseguran que no solo se le impide la comunicación con el exterior, sino que también se estarían vulnerando derechos fundamentales como el acceso a una defensa técnica y el contacto familiar.
“Le están vulnerando todos los derechos, es inhumano. Ni siquiera a los criminales más duros los están tratando como a Epa. Amigos, necesitamos ayuda; un día de estos la Epa no va a aparecer”
Yina Calderón, empresaria y creadora de contenido
La situación se mantiene en desarrollo, con voces que exigen transparencia por parte de las autoridades penitenciarias y el respeto al debido proceso. Mientras tanto, la familia de Epa Colombia y su defensa insisten en que se les permita acceder a ella para constatar su estado físico y emocional, en medio de llamados a la opinión pública para que no se normalice lo que consideran un trato desproporcionado e inhumano hacia una persona que ya ha sido sentenciada y que, según sus allegados, debe cumplir su condena en condiciones dignas.
