El 33,6% de la población colombiana, cerca de 17,3 millones de personas, enfrenta dificultades estructurales para gestionar su menstruación de forma digna y saludable, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y testimonios recogidos por Infobae Colombia. La radiografía, basada en información del período comprendido entre mayo de 2021 y mayo de 2022, revela que las desigualdades económicas, sanitarias y sociales afectan la salud, la educación y la autonomía de las personas menstruantes en todo el territorio nacional. Detrás de estas cifras hay historias de mujeres, niñas, adolescentes y personas trans y no binarias que, en ciudades como Cali, Tunja, Ibagué, Bogotá y en zonas rurales del Pacífico colombiano, enfrentan barreras que van desde la imposibilidad de comprar productos básicos hasta la falta de infraestructura sanitaria y el peso de los tabúes culturales.
Una radiografía de la desigualdad menstrual en Colombia
El estudio del DANE indica que el 15,1% de las mujeres entre 10 y 55 años enfrentaron barreras económicas para comprar insumos básicos durante el período analizado. De manera más específica, el 11,4% de niñas, adolescentes y mujeres en ese rango de edad reportaron dificultades económicas para adquirir productos de gestión menstrual. La situación es crítica entre las poblaciones más vulnerables: el 21,7% de las mujeres pobres y el 23,7% de las mujeres sin ingresos reportaron estas dificultades, mientras que entre las adolescentes de 10 a 17 años la cifra asciende al 31%. En un contexto donde 3,2 millones de personas en Colombia carecen de acceso adecuado a agua limpia y segura, el 7,9% de las mujeres reportaron dificultades para acceder a un baño adecuado durante su período, cifra que supera el 13% en Cali, Tunja, Ibagué y Bogotá.
«Los obstáculos son múltiples y se sobreponen. El primero es económico: según el Dane, el 11,4% de las niñas, adolescentes y mujeres entre 10 y 55 años reportaron haber tenido dificultades económicas para adquirir productos de gestión menstrual. Pero el problema va mucho más allá de si puedes o no comprar una toalla higiénica».
Lina Corredor, directora de La Aliada: Agencia pedagógica por los Derechos Sexuales y Reproductivos
La falta de recursos económicos lleva a muchas personas a recurrir a alternativas inseguras. El DANE reveló que el 3,3% de las mujeres sin ingresos utilizó telas, trapos, ropa vieja, calcetines, papel higiénico o servilletas para atender su período. Esta situación tiene consecuencias directas sobre la salud física, así como sobre la dignidad y la autoestima de las personas menstruantes, según advierte Corredor.
Las barreras van más allá del costo de los insumos
La infraestructura sanitaria deficiente, particularmente en zonas rurales, agrava el ausentismo escolar. Unicef señala que el 62% de las niñas en zonas rurales ha faltado al menos un día al colegio por factores asociados a la menstruación. En las escuelas rurales del Pacífico colombiano, una de cada cuatro niñas falta a clases por falta de instalaciones con agua y jabón y por la carencia de productos de higiene. A esto se suma que solo el 17% de las instituciones educativas integra espacios de Educación Integral en Sexualidad (EIS), lo que perpetúa el desconocimiento y los tabúes en torno al ciclo menstrual.
«Cuando no hay acceso a productos adecuados, las personas recurren a alternativas inseguras. Eso tiene consecuencias directas sobre la salud física, pero también sobre la dignidad y la autoestima».
Lina Corredor, directora de La Aliada
La activista reemplaza el concepto de «pobreza menstrual» por el de «empobrecimiento menstrual» precisamente para señalar responsables institucionales. «Preferimos hablar de ‘empobrecimiento’ y no de ‘pobreza’ menstrual precisamente porque el término empobrecimiento señala responsables: instituciones, actores políticos y sistemas que no han garantizado estos derechos. Esto es una deuda histórica», enfatiza Corredor.
El peso de los tabúes y la normalización del dolor
Los tabúes menstruales son un obstáculo cultural profundo. Corredor explica que «son el conjunto de creencias, mitos y silencios sociales que construyen la menstruación como algo sucio, vergonzoso o impuro. Se reproducen en el lenguaje cotidiano con eufemismos como ‘está ventiochuda’, ‘Andrés el que llega cada mes’, ‘está enfermita’ o ‘en esos días están todas histéricas’. Esas expresiones parecen inofensivas pero tienen un peso cultural enorme porque normalizan el ocultamiento y la connotación negativa». Este estigma afecta también la atención en salud: «Cuando una persona llega a consulta diciendo que tiene dolor incapacitante durante su periodo, la respuesta frecuente sigue siendo ‘eso es normal, tómate un analgésico’. Eso no es atención con enfoque de derechos, es perpetuar el sufrimiento», denuncia la directora de La Aliada. La normalización del dolor menstrual retrasa diagnósticos de condiciones como la endometriosis, mientras que mitos como «solo las mujeres menstrúan» invisibilizan a personas trans y no binarias, lo que hace indispensable una mirada de género y derechos en los servicios de salud.
Experiencias que marcan el camino
A pesar de las fallas estructurales, existen iniciativas que demuestran que las transformaciones son posibles desde lo comunitario. En Antioquia, Comfama ha entregado más de 11.900 subsidios menstruales desde 2021 en más de 30 municipios, mientras que Profamilia, a través de su programa Valiente, ha formado a más de 6.200 niños y adolescentes en salud menstrual y ha distribuido kits reutilizables. Sin embargo, Corredor advierte que «las organizaciones sociales no podemos ser responsables de una tarea del Estado». En 2018, la Corte Constitucional eximió del IVA a toallas higiénicas y tampones, y en 2021 extendió la exención a copas menstruales. No obstante, la activista señala que «eliminar impuestos es un paso necesario pero insuficiente. Si el 94% de las mujeres de bajos ingresos no pueden comprar toallas higiénicas, el problema no se resuelve solo con quitar el IVA».
«Se necesitan políticas públicas más amplias: distribución de productos en entornos escolares y de salud. Hace poco estuvimos en una formación a profesionales de salud de una Secretaría de Salud, estaban personas de varias EPS, hospitales, centros de salud y nos dijeron ‘si alguien, por ejemplo, en urgencias necesitara una toalla higiénica, no tenemos'».
Lina Corredor, directora de La Aliada
La formación de profesionales de la salud es otro desafío clave: «La salud menstrual no puede garantizarse si el sistema no actualiza sus protocolos y no forma a sus profesionales con una mirada de derechos y género», sostiene Corredor.
Tres niveles para la transformación
Frente a este panorama, Corredor comparte una enseñanza fundamental: «El aprendizaje más consistente es que las transformaciones reales ocurren cuando se trabaja simultáneamente en tres niveles: el individual, el comunitario y el político. A nivel individual, la educación que parte del propio cuerpo y de la experiencia que tiene la vivencia menstrual, abre conversaciones sobre la autonomía corporal, sexual y reproductiva. A nivel comunitario, cuando se tejen redes entre organizaciones y entre personas con vivencias menstruales, el estigma se rompe más fácilmente porque dejar de menstruar en silencio y solitario es ya un acto político». La gestión menstrual digna es, en definitiva, un asunto de salud pública y derechos humanos que exige respuestas estructurales y una deuda histórica que el Estado colombiano aún está lejos de saldar.
