En una decisión que ha desatado controversia al interior de la Policía Nacional de Colombia, el brigadier general William Rincón Zambrano, director de la institución desde el 24 de octubre pasado, firmó el 22 de diciembre una resolución que ordena el traslado de nueve oficiales especializados en inteligencia y criminalística a departamentos remotos como Caquetá, Guainía, Arauca, Vaupés, Norte de Santander, Risaralda y Santa Marta. Entre los afectados figuran el mayor Kevin Castaño Flórez, destinado a Arauca; la mayor Lorena Marcela Fonseca López, enviada a Guainía; los mayores Edwin Apolinar Grimaldo y Fabián Chávez Herreño, reubicados en Norte de Santander; y la coronel Julie Katherine Ruiz, quien regresa de una misión en Washington D.C. La medida, justificada oficialmente por «necesidades del servicio» para fortalecer el orden público en épocas electorales, incluye una prima de instalación para los oficiales y sus familias.
Fuentes internas de la Policía señalan que estos traslados responden a presuntas represalias vinculadas a investigaciones sensibles, como la infiltración de Diego Marín, alias «Papá Pitufo», en la Policía Fiscal y Aduanera, así como operativos contra el contrabando en Antioquia. La coronel Ruiz, mencionada en el caso «Papá Pitufo» y cercana al exministro Iván Velásquez, es uno de los perfiles más destacados en esta reestructuración. Este movimiento se percibe como parte de un patrón de presión en la reestructuración policial y militar, con antecedentes similares en noviembre, cuando el mayor Carlos Alberto León fue enviado a Tibú, en Norte de Santander, y la capitán Natalia Velásquez a Puerto Rondón, en Arauca. Además, bajo la dirección de Rincón se han registrado dos escándalos previos por traslados exprés relacionados con casos de corrupción.
Amenazas agravan la tensión interna
La situación se complica con amenazas recibidas por al menos dos de los oficiales trasladados, quienes han solicitado medidas de protección a la institución. Estas reubicaciones a zonas de alta conflictividad han generado malestar, ya que los afectados provienen de unidades clave en inteligencia y criminalística, esenciales para combatir el crimen organizado.
«Van a sufrir ustedes y sus familias y ojalá todos los que trabajen en su empresa para trasladarlos y no dejarlos en paz. Se van para la mieerda (sic), van a pagarlo, se pudieron de valientas (sic) y empoderados. Pues se les acabó el cuarto de hora».
Mensaje amenazante recibido por oficiales trasladados
Este episodio pone en evidencia las tensiones internas en la Policía Nacional en un momento crítico previo a procesos electorales, donde la estabilidad institucional es clave. Las autoridades no han emitido pronunciamientos oficiales sobre las denuncias de represalias, pero el caso podría escalar si persisten las versiones de un uso discrecional de los traslados para silenciar investigaciones incómodas.
