La Contraloría General de Antioquia ha formulado cargos por presunto detrimento patrimonial contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en relación con fallas en la ejecución de un proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño durante su período como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019. La decisión también alcanza a Rodrigo Hernández, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, exgerentes de Indeportes Antioquia, siete exfuncionarios de esa entidad, las empresas Ingecon e IDC, así como a una aseguradora internacional. Esta acción se produce de manera reciente, a pocos días de la salida de la contralora departamental, y se centra en debilidades detectadas en la planeación precontractual y la ejecución de contratos interadministrativos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia e Indeportes Antioquia.
El proyecto, promovido inicialmente por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) con una inversión proyectada cercana a los 25.000 millones de pesos, buscaba conectar municipios como Rionegro, Marinilla y otros del Oriente antioqueño mediante una red de ciclorrutas. Sin embargo, pese a un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos y desembolsos de 26.186 millones de pesos a las empresas contratistas Ingecon e IDC, las obras no se finalizaron, lo que generó los hallazgos de detrimento patrimonial por parte de la Contraloría.
Irregularidades detectadas hace años y contexto de otras investigaciones
Las irregularidades en este proyecto fueron advertidas hace más de cinco años por veedurías ciudadanas, lo que llevó a la Contraloría General de la República a asumir el poder preferente en el proceso y remitir copias a la Fiscalía General de la Nación. Este caso se suma a otra investigación en curso por presuntas irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata de Policía durante la alcaldía de Rendón en Rionegro, con un valor de 1.270 millones de pesos. Además, el gobernador Rendón ha solicitado la nulidad del proceso actual, argumentando una presunta falta de competencia de la contralora saliente y un tinte político en su accionar.
“Había que comprar algunas franjas de terreno, muchas franjas de terreno, cuando fueron a hacer las negociaciones algunos cedieron, algunos vendieron, que están reclamando entre otras cosas que les paguen los daños y perjuicios porque durante muchos años no los han podido realizar”
Carlos Contreras, representante de la Veeduría Ciudadana al Central Park
“Esperamos que la Contraloría General de la República, quien nos informan, ejerce el poder preferente en este proceso, pues termine haciendo justicia y lo más pronto posible. No puede ser que estos procesos terminen demorándose, como en el Central Park, cinco o seis años, casi a punto de prescribir”
Carlos Contreras, representante de la Veeduría Ciudadana al Central Park
Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón rechazó las acusaciones y señaló un motivación política detrás de la formulación de cargos. “Es evidente el tinte político que la acompaña: lo hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones. Por esta razón, en este proceso se ha solicitado la nulidad. Los puntos críticos de las ciclorutas están contratados por esta administración. La razón de este desesperado accionar: a la Contralora saliente le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos”, declaró Rendón.
Este nuevo capítulo en las investigaciones sobre la gestión pasada de Rendón genera expectativa sobre el desarrollo de los procesos fiscales y penales, en un contexto donde la veeduría ciudadana exige celeridad para evitar prescripciones y garantizar la rendición de cuentas en proyectos de infraestructura clave para la región.
