Nelson Javier Vásquez presentó su renuncia como interventor de Air-e, convirtiéndose en el cuarto directivo en dejar el cargo en menos de año y medio, específicamente tras 17 meses de intervención estatal en la empresa que presta servicios eléctricos en la región Caribe, conformada por los departamentos del Atlántico, La Guajira y Magdalena. Esta dimisión agrava la incertidumbre alrededor de Air-e, que enfrenta un deterioro financiero severo y requiere al menos 5,5 billones de pesos para sanear sus cuentas y garantizar la continuidad operativa, en medio de deudas millonarias que han puesto en jaque la calidad del servicio para millones de usuarios.
La gestión de Air-e ha sido marcada por una inestabilidad notable desde el inicio de la intervención oficial, con Vásquez sucediendo a figuras como Edwin Palma, quien ahora ocupa el cargo de ministro de Minas y Energía; Carlos Diago y Diana Bustamante, todos salidos previamente por la fragilidad del proceso. Esta sucesión de renuncias resalta las dificultades para estabilizar una empresa intervenida debido a su endeudamiento crónico y problemas operativos que afectan directamente a las comunidades de la región Caribe.
Medidas financieras en borrador para rescatar a Air-e
En paralelo a la crisis directiva, el Gobierno Nacional avanza en mecanismos para inyectar recursos frescos. El Decreto 0044 del 21 de enero de 2026 establece una contribución parafiscal equivalente al 2,5 por ciento sobre la utilidad antes de impuestos para el 2025, destinada al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con un recaudo dividido en dos cuotas: la mitad el próximo 2 de febrero y el saldo el 15 de mayo. Adicionalmente, se contempla una contraprestación del 12 por ciento sobre la energía vendida en bolsa por parte de los generadores hidráulicos, un beneficio no trasladable a las tarifas de los usuarios y que incluye descuentos en el impuesto de renta para estos generadores. Un borrador de resolución propone, además, un cargo adicional de ocho pesos por kilovatio hora en las facturas de los consumidores, específicamente para financiar la abultada deuda de Air-e.
La salida de Vásquez profundiza el riesgo de colapso financiero en Air-e, con potenciales repercusiones en la estabilidad operativa y la calidad del servicio eléctrico para vastos sectores de la región Caribe, donde la intervención estatal no ha logrado aún revertir el deterioro acumulado en 17 meses de administración bajo control gubernamental.
