El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó el borrador de un decreto que establece topes máximos para la Vivienda de Interés Social (VIS) en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), equivalentes a 175.500.000 pesos con el smmlv actual de 1.300.000 pesos, y para la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en 90 smmlv, aplicables a partir de 2026. Esta iniciativa surge tras un diálogo técnico con las secretarías de vivienda de las ciudades capitales como Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, liderado por figuras como Vanessa Velasco, secretaria distrital del Hábitat de Bogotá, y María del Mar Mozo, secretaria de Vivienda de Cali.
El proceso, enmarcado en la Alianza por la Vivienda y el Hábitat, busca proteger a las familias en proceso de adquisición de vivienda, fortalecer la política de vivienda social y brindar certeza jurídica a los compradores. Incluye un régimen de transición que mantiene las condiciones pactadas hasta la escrituración, respondiendo a las recomendaciones de las ciudades capitales para topes diferenciados por costos urbanos. Además, Bogotá compartió sus modelos exitosos como Mi Casa Ya y sistemas de información para VIS y VIP.
Topes diferenciados y precios fijos en pesos
Entre las cifras clave destacan los 135 smmlv para VIS general, que ascienden a 280 smmlv en zonas rurales como San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y 175 smmlv para proyectos de renovación urbana en las capitales. Para VIP se fija en 90 smmlv. Un cambio significativo es que los precios de VIS se mantendrán fijos en pesos colombianos desde el inicio del proceso, ya sea en separación, promesa de compraventa o encargo fiduciario, con ajustes solo por el Índice de Costos de la Construcción (Icce) certificado. Esto evita incrementos por variaciones salariales, proyectadas en un 23% para 2026, y responde a la normativa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como la Circular n.° 4 de 2024 y el Estatuto del Consumidor, que advierten sobre la confusión generada por expresar precios en smmlv.
Impacto protector para compradores y constructores
La medida protege directamente a los compradores al eliminar riesgos de aumentos imprevistos por inflación salarial, garantizando estabilidad en un contexto de diálogo entre el Gobierno nacional y las principales ciudades del país. Las secretarías de vivienda de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han respaldado estas reglas claras, enfatizando la necesidad de criterios adaptados a realidades locales. Así, el borrador no solo fortalece la acceso a la vivienda digna, sino que alinea la política pública con las exigencias legales para un mercado más transparente y equitativo en Colombia.
