La Asamblea de Estudiantes de Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia ha declarado un paro académico que se extenderá hasta el 24 de febrero de 2026, en rechazo a la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, la cual ordena la restitución de José Ismael Peña en el cargo de rector de la institución. Esta medida, anunciada mediante una asamblea y un comunicado oficial, implica el cese de actividades académicas en la Universidad Nacional, ubicada en Bogotá, como forma de protesta contra lo que los estudiantes califican como un atropello a la autonomía universitaria y un temor a que se prioricen intereses particulares por encima de la educación pública.
La decisión surge como respuesta inmediata a la sentencia judicial que manda el retorno de Peña al rectorado, generando una ola de inconformidad entre los posgraduandos. Durante el paro, se suspenden las clases y otras actividades académicas regulares, aunque se exceptúan la investigación, la experimentación, la participación en eventos, la gestión de becas y la ejecución de contratos, permitiendo así que ciertos procesos esenciales continúen sin interrupciones.
Medidas complementarias y defensa de derechos
Entre las acciones adicionales, los estudiantes han suspendido el pago del segundo y tercer recibo de matrícula, y han presentado una solicitud de revisión de la sentencia ante la Corte Constitucional, argumentando que esta genera perjuicio a la educación universitaria y vulnera derechos fundamentales. Estas iniciativas buscan revertir lo que perciben como una amenaza directa a los principios de la educación superior pública en el país.
“Defendemos nuestro derecho a una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, donde el conocimiento y el poder popular florezcan en libertad”
Asamblea de Estudiantes de Posgrados, Universidad Nacional de Colombia
Este paro indefinido hasta febrero de 2026 subraya la determinación de los estudiantes por salvaguardar la autonomía y calidad de la Universidad Nacional, en un contexto de tensiones crecientes por decisiones judiciales que, según ellos, interfieren en la gestión interna y el futuro de la educación pública en Colombia.
