El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, liderado por el ministro Germán Ávila, publicó este jueves el informe de ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, con corte al 31 de diciembre. Los resultados destacan un recaudo de ingresos por $482,5 billones, equivalente al 94,5 por ciento del aforo proyectado, y un gasto comprometido de $49.616 billones, que representa el 97,3 por ciento de las apropiaciones definitivas. Este reporte se da en el contexto de un PGN modificado a $510,5 billones, un 28,1 por ciento del PIB, tras recortes derivados del rechazo de la reforma tributaria por parte del Congreso, que originalmente ascendía a $523 billones.
En materia de ingresos, se recaudaron $482,5 billones en total, de los cuales $451,7 billones fueron netos, alcanzando el 93,3 por ciento de la meta de $484,2 billones. Los ingresos corrientes sumaron $272,7 billones, un 89,1 por ciento de lo previsto, impulsados por el IVA interno con $71,2 billones y los impuestos directos por $129,7 billones. Por su parte, los ingresos de capital llegaron a $155,1 billones, cumpliendo el 99,1 por ciento de la proyección. Además, los ingresos propios de los establecimientos públicos superaron expectativas con $30,8 billones, un 117,2 por ciento de lo programado.
Desempeño en gastos y rezago presupuestal
El gasto comprometido alcanzó el 97,3 por ciento del PGN, con obligaciones reconocidas en el 87,8 por ciento y pagos ejecutados en el 87,7 por ciento. Excluyendo el servicio de la deuda, la ejecución de obligaciones subió al 86,5 por ciento, un aumento de 4,6 puntos porcentuales frente a 2024. En funcionamiento, de una apropiación de $319,8 billones se comprometieron $315,5 billones (98,7 por ciento) y se obligaron $293,8 billones (91,9 por ciento). Las transferencias registraron obligaciones por $218,9 billones, el 92,1 por ciento de los $237,7 billones apropiados. El servicio de la deuda, con $112,6 billones de apropiación, vio compromisos al 93,3 por ciento y pagos al 92,8 por ciento, desglosados en $58,8 billones internos (96,2 por ciento) y $53,8 billones externos (89 por ciento). La inversión pública, por su parte, comprometió el 97,4 por ciento de sus $78,1 billones, pero solo obligó el 64,2 por ciento, un avance de 7,2 puntos respecto al año anterior.
“Los resultados obtenidos durante la vigencia muestran que la ejecución se mantuvo en línea con la evolución de la economía y las normativas presupuestales vigentes”.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El rezago presupuestal se redujo a $49 billones, equivalente al 2,7 por ciento del PIB, lo que supone una disminución del 20,6 por ciento frente a los $61,7 billones de 2024 (3,2 por ciento del PIB). Estos recursos no ejecutados permanecen en el Tesoro Nacional para cubrir pagos de deuda, déficits o el presupuesto del siguiente año, con autorización del Congreso, y pueden configurarse como reservas presupuestales o cuentas por pagar para el primer trimestre subsiguiente. El informe subraya la alta inflexibilidad del gasto, dominado por partidas como el Sistema General de Participaciones para inversión territorial, pensiones, salud y educación superior.
“El comportamiento del recaudo neto de los ingresos del PGN respondió a la dinámica macroeconómica y a la aplicación de las normas tributarias vigentes”.
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Impacto del rechazo a reformas tributarias
El rechazo de dos reformas tributarias por el Congreso, en 2024 y 2025, generó recortes en las asignaciones y privó al Gobierno de $12 billones adicionales previstos, afectando la planeación fiscal. A pesar de ello, la ejecución mostró mejoras en varias métricas, como un avance superior al de años anteriores en el gasto sin deuda, con incrementos de hasta 416 por ciento en algunos indicadores comparados con 2024. No obstante, la baja ejecución en ciertas partidas podría impactar la prestación de servicios públicos, el cumplimiento de metas de inversión y desarrollo, y generar percepciones negativas sobre la eficiencia gubernamental, además de influir en la planeación futura.
“Estas partidas evidencian la alta inflexibilidad del gasto, pues sus principales componentes son SGP para inversión territorial, pensiones, atención en salud, y educación superior”.
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“La baja ejecución puede afectar la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de metas de inversión y desarrollo. Además, un alto saldo de recursos no ejecutados puede influir en la percepción de eficiencia del Gobierno y en la planeación de los presupuestos de años posteriores”.
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Este informe oficial, disponible en el portal del Ministerio, refleja un manejo presupuestal alineado con la coyuntura económica, aunque marcado por las limitaciones impuestas por el Legislativo y la rigidez estructural del gasto público en Colombia.
