Casi el 20 por ciento de los congresistas electos en Colombia, equivalente a 26 senadores y 27 representantes a la Cámara, enfrenta procesos disciplinarios e investigaciones ante la Procuraduría General de la Nación, lo que representa el 18,5 por ciento de los 286 legisladores totales. Entre los casos más destacados se encuentran los de los congresistas electos Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes cumplen medida de aseguramiento en cárcel por presuntas irregularidades de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y no podrán asumir sus curules el próximo 20 de julio, cuando inicia el nuevo período legislativo. Otros implicados incluyen al senador electo del Partido Liberal Héctor Olimpo Espinosa, con nueve procesos en su contra; al representante electo Mello Castro González, investigado por irregularidades en el manejo de regalías y omisión en la declaración de bienes y rentas; así como Santiago Montoya Montoya, Alex Flórez, Carmen Patricia Caicedo y Marcos Daniel Pineda, entre otros como Wilmer Carrillo.
La Procuraduría acumula 52 procesos contra senadores electos y 40 contra representantes, muchos de ellos relacionados con presuntas faltas administrativas, disciplinarias, conflictos de interés, incumplimiento de sentencias judiciales, omisiones en la declaración de patrimonio y manejo irregular de recursos como regalías. En el Senado, las investigaciones se concentran en figuras como Espinosa, cuya gestión como gobernador de Sucre entre 2020 y 2023 está bajo escrutinio, mientras que en la Cámara los casos predominan en partidos como el Liberal, Centro Democrático, Pacto Histórico y Conservador. Desde las inscripciones de candidatos se han registrado 2.463 procesos, de los cuales 342 permanecen activos y el 54 por ciento se encuentra en etapa probatoria.
Distribución por bancadas y posibles vacantes
La distribución de los procesos en el Senado revela desequilibrios partidistas, con 17 casos vinculados al Pacto Histórico, 13 al Partido Liberal, siete a La U, y cinco cada uno al Centro Democrático y al Conservador. Aunque estas investigaciones no implican la pérdida automática del cargo, como en el caso de Alex Flórez, suspendido por seis meses y pendiente de revisión por el Consejo de Estado, generan preocupación por su impacto en la transparencia y la confianza ciudadana en el Congreso. La ausencia de Manzur y Manrique podría derivar en vacantes bajo la figura de la silla vacía, alterando el equilibrio legislativo desde el arranque del período.
Esta información fue obtenida por el diario El Colombiano mediante un derecho de petición dirigido a la Procuraduría, destacando la magnitud de las indagaciones que acompañan a los nuevos congresistas en un momento clave para la legislatura, donde la ciudadanía exige mayor accountability en el manejo público de los recursos y el cumplimiento de normas éticas.
