La Defensoría del Pueblo de Colombia presentó un balance oficial que registra 19 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras armadas ilegales durante el primer trimestre de 2026, del 1 de enero al 31 de marzo. Esta cifra evidencia la persistente vulneración de los derechos fundamentales de los menores en regiones como Norte de Santander, donde se concentraron seis casos, seguido de Antioquia con cuatro y Caquetá con tres, mientras que se reportó un caso en cada uno de los departamentos de Boyacá, Cauca, Guainía, Magdalena, Putumayo y Valle del Cauca. El registro se consolidó a través del sistema de reporte de casos de la entidad, destacando la gravedad de esta práctica que afecta gravemente la integridad y el futuro de las víctimas.
De los 19 casos en 2026, los responsables identificados incluyen al Estado Mayor de los Bloques y Frentes con el 42,1 por ciento, el ELN con el 31,4 por ciento, y porcentajes menores para Comandos de Frontera, disidencias sin identificar, otros grupos sin identificar, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y Estado Mayor Central, cada uno con el 5,3 por ciento. Las víctimas corresponden en un 63 por ciento a niños y adolescentes hombres y un 37 por ciento a niñas y adolescentes mujeres, con un 90 por ciento sin pertenencia a grupo étnico, 5 por ciento indígenas y 5 por ciento afrocolombianas. En contraste, durante todo el año 2025 se documentaron 361 casos, con un 57 por ciento de hombres y 43 por ciento de mujeres, mayoritariamente indígenas en el 54 por ciento, seguidos de un 39 por ciento sin grupo étnico y 7 por ciento afrocolombianas.
Incidencia regional y tendencias históricas
En 2025, la mayor incidencia se dio en Cauca con 168 casos, Antioquia con 30 y Chocó con 25, extendiéndose a otros departamentos como Nariño con 16, Arauca y Bolívar con 10 cada uno, Guaviare y Putumayo con siete, Huila con 17, entre otros. Los responsables ese año estuvieron encabezados por el Estado Mayor Central, seguido de grupos sin identificar y disidencias. La Defensoría del Pueblo reiteró la gravedad del reclutamiento infantil y lanzó un llamado urgente a los candidatos presidenciales para que incluyan estrategias de prevención en sus planes, al tiempo que enfatizó la necesidad de fortalecer la presencia institucional en los territorios más afectados.
La entidad también instó a promover acciones con enfoque diferencial y participación comunitaria para combatir este flagelo, subrayando que el reclutamiento de menores no solo viola derechos humanos básicos, sino que perpetúa ciclos de violencia en zonas vulnerables del país. Este balance trimestral pone de manifiesto la urgencia de intervenciones integrales para proteger a la infancia y adolescencia en medio del conflicto armado.
