El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó ante el Congreso de la República el Plan de Enajenación Global 2026, un listado preliminar que identifica 23 activos estatales para una posible desinversión, entre los que destacan filiales de Ecopetrol valoradas en más de 50 billones de pesos. Esta iniciativa se cumplió dentro de los primeros 60 días del año, en línea con la Ley 226 de 1995, y fue elaborada por la Comisión Intersectorial para el Aprovechamiento de Activos Públicos (Caap), como una formalidad preventiva para la planeación económica y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Los activos abarcan sectores clave como energía, con énfasis en la cadena de petróleo y gas, transporte y servicios públicos. En particular, se incluyen filiales de Ecopetrol dedicadas a la exploración y producción internacional, tales como Ecopetrol América, Ecopetrol del Perú, Ecopetrol Hidrocarburos México y operaciones en la Cuenca Permian de Estados Unidos, junto con sucursales como Ecopetrol Trading Asia, Ecopetrol Capital AG y Ecopetrol Singapur. El Estado mantiene una participación del 88,2% en Ecopetrol, cuya valoración total de estos bienes supera los 50 billones de pesos.
Contexto de la crisis en Ecopetrol y requisitos para cualquier desinversión
Esta presentación se da en medio de una crisis de gobernanza en Ecopetrol, marcada por un descenso en su calificación de riesgo y una caída en las utilidades. Planes similares en gobiernos anteriores, como los impulsados por Juan Manuel Santos y el ministro Mauricio Cárdenas, no se materializaron pese a su elaboración. El actual plan no genera compromisos automáticos, ya que cualquier avance requeriría la aprobación de la Junta Directiva de Ecopetrol, los accionistas, un decreto gubernamental y un exhaustivo análisis técnico-financiero.
En esencia, el Plan de Enajenación 2026 cumple una función informativa y de planeación estratégica, sin plazos fijos ni obligaciones inmediatas, permitiendo al Ejecutivo y al Legislativo evaluar opciones para el manejo eficiente de los activos públicos en un contexto de desafíos económicos nacionales.
