La Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte Constitucional declarar constitucional el Decreto Legislativo 176 de 2026, con el fin de garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en medio de la suspensión de clases causada por la emergencia invernal en regiones como Sucre, con municipios afectados como Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito, y Córdoba, particularmente en Urabá Darién. Esta petición busca evitar la interrupción del PAE debido a las intensas lluvias, los daños en la infraestructura educativa y los problemas de acceso vial, presentando argumentos sólidos respaldados por reportes regionales y documentación sobre los impactos en miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios.
En Sucre, la intervención de la Defensoría documentó afectaciones en 14 instituciones educativas y 36 aulas, donde los colegios han sido convertidos en albergues temporales, interrumpiendo el calendario escolar y agravando el deterioro de vías y transporte. En Córdoba, los alimentos del PAE han sido redireccionados para atender necesidades de emergencia, destacando la magnitud de la crisis que sobrepasa los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo.
Contexto del decreto y riesgos de su anulación
El Decreto Legislativo 176 de 2026 fue expedido en el marco de una emergencia económica por la ola invernal y permite la entrega del PAE fuera de la jornada escolar y de las instituciones afectadas, sin ampliar el número de beneficiarios ni modificar la naturaleza del programa. Actualmente, su revisión constitucional está en curso, y la Defensoría enfatiza que su declaratoria de constitucionalidad es crucial para prevenir que la crisis climática derive en hambre, deserción escolar o mayor desigualdad educativa.
“La intervención documentó que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo resultaron insuficientes para atender la magnitud de la crisis”
Defensoría del Pueblo, citado por Blu Radio
“Sostenemos que el Decreto 176 de 2026 debe ser declarado constitucional para evitar que la crisis climática se traduzca en hambre, deserción o mayor desigualdad educativa”
Defensoría del Pueblo, citado por Blu Radio
La decisión de la Corte Constitucional definirá la continuidad de esta medida esencial, protegiendo así el derecho a la alimentación y la educación de miles de estudiantes en las zonas más vulnerables del país ante los embates del invierno.
