La EPS Coosalud ha convocado a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 21 de mayo a las 3:00 p.m. en Cartagena, por orden directa de la Superintendencia de Sociedades y a petición de la Superintendencia de la Economía Solidaria. La notificación se dirige a todos los accionistas, con un orden del día estricto que no puede modificarse, bajo la representación legal de Jaime Miguel González y la participación de un agente especial interventor de la cooperativa Coosalud, accionista mayoritaria de la entidad.
Esta medida se enmarca en las intensas investigaciones que adelantan los organismos de control sobre las operaciones financieras y los movimientos administrativos de la EPS, que se encuentra bajo vigilancia reforzada por presuntas irregularidades. Millones de colombianos dependen de esta entidad para su atención en salud, con un vasto número de usuarios afiliados en diversas regiones del país, lo que hace que cualquier decisión en la asamblea pueda tener un impacto significativo en el sistema de salud.
Contexto de intervención y supervisiones
La cooperativa Coosalud, principal accionista de la EPS, permanece intervenida, y la Superintendencia de la Economía Solidaria, liderada por María José Navarro Muñoz, exigió esta asamblea para esclarecer el rumbo administrativo y financiero de la entidad. Organismos como la Superintendencia de Sociedades han intensificado su seguimiento, mientras que el Hospital Bocagrande ha reportado dificultades en el flujo de recursos que atribuye directamente a Coosalud. El incumplimiento de las directrices podría derivar en consecuencias administrativas y judiciales.
«Esta EPS no es de un grupo económico, es de los asociados del sector cooperativo colombiano y de ella depende la salud de millones de colombianos”
María José Navarro Muñoz, superintendente de la Economía Solidaria
La asamblea representa un punto crítico que podría redefinir la gestión de Coosalud EPS y garantizar la continuidad de servicios para sus millones de afiliados, en un momento en que el escrutinio de las autoridades busca proteger los recursos del sistema de salud colombiano.
