La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella contrató a la encuestadora AtlasIntel por un valor de 195 millones 29 mil 100 pesos el pasado 21 de abril de 2026, una relación que ha desatado una fuerte polémica luego de que el Consejo Nacional Electoral advirtiera irregularidades metodológicas en una medición de la misma firma que mostraba al candidato de derecha como ganador en segunda vuelta. El servicio contratado fue el “tracking electoral Atlas Radar”, destinado al análisis y seguimiento de tendencias de voto para la campaña del Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria. El gasto fue reportado siete días después, el 28 de abril, ante el portal Cuentas Claras del CNE, y confirmado por Transparencia por Colombia en su reporte del 19 de mayo de 2026 como el rubro más alto de la campaña en capacitación e investigación política.
La controversia gira en torno a que AtlasIntel fue cuestionada por el CNE por presuntas anomalías en un sondeo que daba a De la Espriella como vencedor en un eventual balotaje. La autoridad electoral señaló en su informe que “la evidencia metodológica incorporada al expediente permite concluir desde el inicio que el estudio auditado corresponde a un sondeo no probabilístico de reclutamiento digital”. Dicha encuesta había sido publicada por la revista Semana, lo que incrementó la visibilidad del caso.
Denuncia de manipulación y respuesta de la campaña
El abogado Abraham Katime, gerente de Activos por Colombia, fue quien destapó el hecho al afirmar que “De la Espriella contrató hace un mes a la firma Atlas Intel SAS, la misma que fue suspendida para seguir realizando sondeos amañados que se publican en SEMANA. Y este hecho de manipulación tan grave está escondido y no es noticia. Debería ser portada”. La denuncia, realizada a través de redes sociales, busca poner en entredicho la transparencia de la campaña.
“De la Espriella contrató hace un mes a la firma Atlas Intel SAS, la misma que fue suspendida para seguir realizando sondeos amañados que se publican en SEMANA. Y este hecho de manipulación tan grave está escondido y no es noticia. Debería ser portada”.
Abraham Katime, abogado y gerente de Activos por Colombia
Desde la campaña de De la Espriella, el abogado Andrés Barreto, exsuperintendente y parte de De la Espriella Lawyers, salió al paso de las acusaciones. Barreto sostuvo que “esta información es incorrecta” y aclaró que “el gasto está reportado desde el 28 de abril de 2026 ante el Portal ‘Cuentas Claras’ del CNE y obedece a gastos de análisis y tendencias electorales (tracking) como se puede ver en la captura de campaña. Asimismo, quien tenga claves como administrador puede ingresar, verificar, e incluso ver los archivos adjuntos. Lo que procede es rectificar”.
“Esta información es incorrecta. El gasto está reportado desde el 28 de abril de 2026 ante el Portal ‘Cuentas Claras’ del CNE y obedece a gastos de análisis y tendencias electorales (tracking) como se puede ver en la captura de campaña. Asimismo, quien tenga claves como administrador puede ingresar, verificar, e incluso ver los archivos adjuntos. Lo que procede es rectificar”.
Andrés Barreto, abogado y exsuperintendente, parte de De la Espriella Lawyers
La factura electrónica emitida por la Dian tiene como comprador a Carlos Andrés Ríos Puerta, gerente de la campaña de De la Espriella, y describe el servicio como “servicio tracking electoral Atlas Radar para la campaña presidencial del GSC Defensores de la Patria Abelardo de la Espriella 2026-2030”. La transacción fue reportada dentro del código de gastos en capacitación e investigación política, rubro en el que, según Transparencia por Colombia, tanto la campaña de De la Espriella como la de Sergio Fajardo son las que más reportan desembolsos a nivel nacional.
El caso se suma al escrutinio que enfrentan las campañas presidenciales de 2026 en Colombia, donde la transparencia de los gastos y el origen de las encuestas han cobrado relevancia. Mientras los defensores de De la Espriella insisten en la legalidad del reporte, las acusaciones de manipulación no cesan y podrían escalar a instancias judiciales si se demuestra que la encuestadora contratada incurrió en prácticas irregulares avaladas por el equipo del candidato.
