La deuda interna del Gobierno colombiano alcanzó los 865,8 billones de pesos, superando en 125 billones de pesos el total de las obligaciones que todos los ciudadanos tienen con el sistema financiero en sus distintas modalidades, según un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) con corte a marzo de 2025. Esta cifra, que evidencia un desequilibrio fiscal persistente, fue revelada por José Ignacio López, presidente de Anif, quien advirtió que el endeudamiento público crece a un ritmo mucho mayor que el del sector privado y ya presiona las tasas de interés en el mercado local.
Desde agosto de 2022, cuando comenzó el gobierno de Gustavo Petro, la deuda bruta gubernamental total —que suma pasivos internos y externos— se incrementó en 410,5 billones de pesos, de los cuales el 90% corresponde a deuda interna. En contraste, el endeudamiento de hogares y empresas solo aumentó 142 billones de pesos en el mismo período. Como resultado, la deuda interna del Gobierno no solo supera holgadamente a la privada, sino que equivale a más de 20 millones de pesos por cada colombiano, una cifra diez veces superior a la registrada hace 35 años.
Un déficit fiscal que se agrava
El informe de Anif señala que el déficit fiscal alcanzó el 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, el cuarto más elevado desde que se tienen registros. Este desbalance responde a una tendencia histórica: durante 27 de los últimos 35 años, el país gastó más de lo que recibió. El gasto público, que ya representa el 16% del PIB, superó por primera vez el volumen de la inversión privada, impulsando el 60% del crecimiento económico en el primer trimestre de 2025 y generando una cuarta parte de los nuevos empleos, según Corficolombiana. Sin embargo, este ritmo de gasto ha llevado a que la caja del Gobierno se reduzca a 6,6 billones de pesos, un monto 68% inferior al promedio histórico.
«La deuda interna del Gobierno ya supera en $125 billones la deuda de todos los colombianos con el sistema financiero en todas las modalidades (comercial, consumo, hipotecario y microcrédito)»
José Ignacio López, presidente de Anif
El crecimiento de la deuda pública está encareciendo el crédito para los ciudadanos. Según Anif, la presión del Estado sobre el mercado financiero local mantiene las tasas de interés altas, afectando los préstamos de vivienda, consumo y microempresa. Esto, a su vez, estimula la inflación y reduce el poder adquisitivo de las familias. «No sorprende que la presión de la deuda pública en el mercado local financiero haya elevado y mantenga las tasas de interés altas», afirmó López. El organismo agregó que «el mercado exige mayores rentabilidades como pago por otorgar financiamiento».
Un panorama comprometido para el próximo gobierno
La situación fiscal no solo limita la capacidad de respuesta ante crisis futuras, sino que también impacta el crédito, la inversión y el empleo. Corficolombiana advirtió que «ninguna economía puede depender indefinidamente del gasto público, del endeudamiento y de una expansión fiscal que desplaza la inversión privada y deteriora las expectativas». Pese a la gravedad del panorama, el problema fiscal está ausente de las propuestas de campaña para la próxima elección presidencial. Anif calificó el escenario como «un callejón sin salida» para el próximo mandatario, y alertó que sin un plan fiscal desde el primer día, será difícil sostener la política social y la estabilidad económica.
«Durante 2025, estos saldos alcanzaron mínimos históricos y de cara al 2026, el panorama parece no mejorar»
Anif
La deuda interna total del Gobierno, que asciende a 865,8 billones de pesos, y la deuda bruta gubernamental de 1.215 billones de pesos —sumando pasivos externos— configuran el desafío fiscal más grande en décadas. Mientras la deuda privada se expandió a un ritmo pausado, la pública no deja de crecer, evidenciando una dependencia estructural del endeudamiento que, según los analistas, compromete la estabilidad macroeconómica de Colombia. El llamado de Anif y Corficolombiana es claro: se requiere un ajuste fiscal urgente para evitar que el próximo gobierno herede una economía sin margen de maniobra.
