El Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la suspensión que mantenía frenada la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la EPS Coosalud y ordenó restituir de manera inmediata el control administrativo al Gobierno nacional. La decisión judicial, que deja sin efectos el anterior fallo que devolvía la administración de la EPS a sus antiguos directivos, instruye a la Supersalud a adoptar las medidas técnicas, administrativas y financieras necesarias para superar las falencias estructurales identificadas por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, confirmó la determinación del tribunal y señaló que en las próximas horas se designará un nuevo agente interventor para garantizar los fines de la intervención forzosa, que busca asegurar la atención en salud de más de 3,3 millones de afiliados que tiene Coosalud en todo el país. “El tribunal nos instruyó a adoptar las medidas técnicas, administrativas y financieras necesarias para superar las falencias estructurales identificadas por la Procuraduría General de la Nación y que también han sido identificadas por la Contraloría”, declaró Quintero.
Detrás de esta decisión judicial se encuentra un complejo proceso que comenzó cuando el propio Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió inicialmente la intervención de la Supersalud y ordenó devolver la EPS a sus antiguos administradores, Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González. Ahora, ese mismo tribunal consideró improcedente aquella medida y ordenó la restitución inmediata del control al Gobierno nacional, con el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría para garantizar el seguimiento y control del proceso.
Declaraciones y contexto
Daniel Quintero aseguró que la Superintendencia actuará con firmeza y transparencia en el cumplimiento de esta nueva orden judicial. “En las próximas horas designaremos un nuevo gerente, un nuevo agente interventor encargado de garantizar los fines de la intervención forzosa previstos en la ley y, sobre todo, asegurar la atención y el derecho a la salud de más de 3 millones de afiliados”, afirmó el superintendente. Y agregó: “Actuaremos con firmeza, con transparencia y con la rigurosidad que esta decisión exige”.
“El tribunal nos instruyó a adoptar las medidas técnicas, administrativas y financieras necesarias para superar las falencias estructurales identificadas por la Procuraduría General de la Nación y que también han sido identificadas por la Contraloría”.
Daniel Quintero, superintendente Nacional de Salud
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el caso a través de su cuenta en la red social X, donde solicitó que se investigue al juez que emitió el fallo anterior que devolvió Coosalud a sus antiguos directivos, así como a los jueces que ordenaron el embargo de recursos de salud de la Nueva EPS. “Ya se demostró que el juez de Bolívar que le devolvió Coosalud a quienes la desfalcaron, debe ser investigado por la autoridad competente. Los jueces que fueron capaces de embargar recursos de salud de la Nueva EPS deben ser investigados por la misma autoridad”, escribió el mandatario.
“Ya se demostró que el juez de Bolívar que le devolvió Coosalud a quienes la desfalcaron, debe ser investigado por la autoridad competente. Los jueces que fueron capaces de embargar recursos de salud de la Nueva EPS deben ser investigados por la misma autoridad”.
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Con esta nueva decisión, Coosalud, una de las EPS con mayor número de afiliados en el país, que supera los 3,3 millones de usuarios, vuelve a estar bajo control del Gobierno nacional mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas. La Superintendencia Nacional de Salud deberá ahora ejecutar la intervención forzosa para corregir las falencias estructurales que, según los órganos de control, han afectado la prestación del servicio a millones de colombianos.
