La Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia al senador John Moisés Besaile Fayad, reelecto por el Partido de la U, a 69 meses de prisión domiciliaria –equivalentes a 5 años y 9 meses– por el delito de falsedad ideológica en documento público agravado, en calidad de coautor. El fallo, dictado en el marco del entramado de corrupción conocido como el “cartel de las regalías”, también le impuso una inhabilidad para ejercer funciones públicas por más de siete años. Los hechos por los que se le declaró responsable ocurrieron entre 2012 y 2015 en el departamento de Córdoba, durante la administración del entonces gobernador Alejandro Lyons Muskus, cuando Besaile se desempeñaba como secretario del Interior y Participación Ciudadana.
Según determinó la Corte, el senador suscribió una resolución que contenía manifestaciones falsas, certificaciones contrarias a la realidad, con pleno conocimiento de su falsedad. El documento alterado buscaba dar apariencia de antigüedad a una corporación para que esta pudiera participar en procesos de subcontratación ligados a proyectos de ciencia y tecnología financiados con regalías. En la resolución se afirmaba que el representante legal de la corporación había solicitado formalmente el reconocimiento jurídico y que los soportes presentados cumplían con los requisitos legales, pero la Corte consideró que esos documentos no eran válidos y que Besaile, al refrendarlos a sabiendas de su falsedad, actuó como coautor del delito.
Un caso más del cartel de las regalías
Este caso se inscribe en el esquema de corrupción que desvió recursos de regalías en Córdoba, conocido como el “cartel de las regalías”. El senador Besaile Fayad es hermano de Musa Besaile, también condenado por hechos de corrupción relacionados con el mismo entramado. La resolución que ahora se le imputa fue emitida en su época como secretario del Interior y Participación Ciudadana del departamento, bajo el mandato de Alejandro Lyons Muskus, quien también ha sido procesado por estos mismos hechos. La decisión de la Corte Suprema refuerza la línea judicial que ha venido sancionando a funcionarios y exfuncionarios que participaron en el desvío de millonarios recursos de regalías destinados a proyectos de ciencia y tecnología, los cuales terminaron beneficiando intereses políticos y particulares en detrimento del erario público.
