En una decisión que marca un paso clave en la judicialización de altos mandos de estructuras armadas, el Juez 104 de Control de Garantías Ambulante de Villavicencio declaró persona ausente a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, luego de que este no compareciera a dos audiencias de imputación de cargos. La medida, solicitada por la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, permite que el proceso penal continúe sin la presencia del acusado, garantizando así el avance de la investigación y el acceso de las víctimas a la verdad judicial.
Tras agotar todos los mecanismos disponibles para lograr su ubicación y comparecencia, la Fiscalía pidió la declaratoria de persona ausente, la cual fue aprobada por la juez. A partir de esta decisión, se iniciará el trámite de notificación pública mediante un edicto que será fijado durante cinco días en el juzgado de Villavicencio, Meta. Una vez vencido ese término, el proceso penal continuará y la Fiscalía podrá formular la imputación por los delitos que se le atribuyen a alias Calarcá, quien es señalado como cabecilla del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes, organización armada involucrada en múltiples hechos de violencia en el marco del conflicto armado colombiano.
Delitos de lesa humanidad y solicitud al presidente
Los cargos que la Fiscalía imputará a Díaz Mendoza incluyen concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, desaparición forzada y desplazamiento forzado. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, informó que se conformó un equipo especial de tareas para avanzar en este proceso y que ya se había solicitado una fecha para la imputación. En declaraciones recientes, Camargo detalló que entre los delitos se imputa desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y desplazamiento forzado, y subrayó la gravedad de la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos en el marco del derecho internacional humanitario.
«Ante una nueva inasistencia a la audiencia de imputación programada en su contra, y luego de agotar todos los mecanismos para lograr su ubicación y comparecencia a la diligencia, la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, solicitó la declaración de persona ausente para Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá».
Fiscalía General de la Nación
El caso de alias Calarcá se enmarca en la intensificación de acciones judiciales contra estructuras armadas en el nororiente del país, especialmente en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. La fiscal general también solicitó al presidente de la República que defina si Díaz Mendoza puede permanecer en eventuales escenarios de diálogo con el Gobierno, junto con cuatro integrantes del Frente 33 de las disidencias de las antiguas Farc en el Catatumbo, quienes ya han sido imputados por delitos de lesa humanidad. La coordinación de esta diligencia penal se adelanta con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, lo que refleja la articulación entre los procesos judiciales y las políticas de paz del Estado.
«Solicité que defina la permanencia de esta persona en mesas de negociación, junto con integrantes del Frente 33 que ya han sido imputadas por delitos de lesa humanidad».
Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación
La declaratoria de persona ausente constituye un mecanismo judicial que permite que la justicia continúe su curso sin la presencia física del acusado, asegurando que los procesos no se estanquen por la evasión de los responsables. En el caso de alias Calarcá, una vez concluya el edicto de notificación pública, la Fiscalía podrá proceder con la imputación formal, abriendo paso a una eventual acusación y juicio. La decisión del juez de Villavicencio representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de los delitos cometidos por esta organización armada, en un contexto donde el Estado refuerza su ofensiva judicial contra los máximos líderes de grupos ilegales.
