A pocas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, un informe del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana reveló que ninguno de los tres principales candidatos –Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia– ha presentado estimaciones fiscales detalladas, mecanismos claros de implementación o estrategias concretas para financiar sus propuestas de gobierno. La revisión de los programas de los aspirantes con mayor intención de voto detectó una ausencia generalizada de soporte técnico en un contexto marcado por un déficit fiscal elevado y una deuda pública creciente, herencia del actual Gobierno Petro según expertos.
El informe, titulado «Informe sobre las propuestas fiscales de los tres candidatos presidenciales con mayor intención de voto», subraya que la transparencia fiscal brilla por su ausencia en las campañas. Mientras los beneficios tributarios representaron en promedio el 7,7 % del PIB entre 2019 y 2023, y el gasto flexible del Presupuesto General de la Nación para 2026 equivale apenas al 9,5 %, los candidatos omiten detallar cómo ajustarán las cuentas públicas. Paloma Valencia plantea un ajuste fiscal de 50 billones de pesos, y Abelardo de la Espriella uno cercano a 70 billones, pero sin explicar el origen de esos recursos ni cómo respetarán el límite de deuda del 71 % del PIB, un compromiso que ambos defienden sin aportar mecanismos. Iván Cepeda, por su parte, propone 37 medidas tributarias enfocadas en fortalecer el recaudo y combatir la evasión, pero no menciona la regla fiscal ni fija metas concretas de déficit o deuda, aunque sugiere una Ley de Austeridad Republicana.
Propuestas sin sustento en áreas críticas
El análisis del Observatorio Fiscal también encontró que los tres candidatos concentran sus propuestas en sectores visibles como seguridad, salud, infraestructura y subsidios, pero omiten por completo ocho áreas fundamentales: inteligencia, relaciones exteriores, organismos de control, ciencia y tecnología, e inclusión social. Este desbalance revela que los planes de gobierno «continúan teniendo un papel secundario en las campañas presidenciales», según señala el informe. Además, ninguno de los aspirantes plantea reformas de fondo sobre aranceles, impuestos subnacionales, IVA, el impuesto 4×1.000 ni los aportes a pensiones o salud, temas clave para la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
«Ninguno presenta estimaciones fiscales detalladas, mecanismos claros de implementación o estrategias concretas para financiar sus propuestas».
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana
El documento también destaca que, aunque el diagnóstico sobre la inequidad tributaria coincide con discusiones de larga data en Colombia, «las propuestas aún carecen de soporte técnico suficiente para medir su impacto fiscal». En un escenario donde los pagos de intereses representan ya el 73 % del servicio de la deuda pública, la falta de transparencia fiscal se vuelve crítica para los 41 millones de colombianos habilitados para votar el 31 de mayo. El hecho de que la presentación de un programa de gobierno no sea obligatoria para candidatos presidenciales –a diferencia de lo que ocurre en elecciones subnacionales– agrava la opacidad y deja a los electores sin herramientas para evaluar la viabilidad de las promesas de campaña.
