La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, Latia Sindy Castillo Muñoz, luego de que se difundiera un video en la red social TikTok en el que aparece portando un poncho y otras prendas estampadas con la imagen del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. La medida, que estará vigente al menos hasta el próximo 21 de junio —fecha prevista para una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026—, se adoptó en el marco de una investigación disciplinaria por una presunta intervención irregular en política, prohibida por el artículo 127 de la Constitución Política.
El auto de suspensión fue emitido con base en el artículo 277, numeral 6 de la Constitución y en la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, que faculta al órgano de control para investigar disciplinariamente a funcionarios de elección popular, aunque aclara que decisiones como la destitución o la inhabilidad deben ser definidas por la jurisdicción contencioso-administrativa al final del proceso. La Procuraduría aclaró que esta suspensión provisional no implica una declaración de responsabilidad ni anticipa el resultado final de la investigación, sino que constituye una medida excepcional para preservar la transparencia electoral y la imparcialidad de la función pública.
Denuncia y primeras actuaciones
El caso se abrió luego de que funcionarios de la Gobernación de Caquetá y la Personería Municipal de El Paujil reportaran la existencia del video. La Procuraduría ordenó, entre las primeras diligencias, verificar la autenticidad del material, la titularidad de la cuenta de TikTok desde la que se difundió, la fecha de publicación, las interacciones generadas, el contexto de producción y difusión, así como la procedencia y finalidad de las prendas utilizadas por la alcaldesa. En paralelo, el colectivo “Defensores de la Patria” presentó una denuncia separada ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades, señalando que la misma mandataria habría realizado actos de promoción electoral a favor de Abelardo de la Espriella durante la jornada democrática.
“La actuación se fundamenta en las disposiciones contenidas en el artículo 127 de la Constitución Política, norma que establece limitaciones para los funcionarios públicos en materia de intervención política, salvo las excepciones previstas expresamente por la ley”.
Procuraduría General de la Nación (auto de suspensión)
En el auto, el Ministerio Público citó la obligación constitucional de “vigilar la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas” y subrayó que la suspensión provisional busca preservar los fines de la función pública cuando se pueda inferir de manera fundada alguna afectación. Además, la Procuraduría recordó que la sentencia C-030 de 2023 establece que, aunque puede investigar a funcionarios de elección popular, las sanciones definitivas que impliquen destitución, suspensión o inhabilidad corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa una vez concluya el proceso disciplinario.
La investigación se da en pleno periodo electoral presidencial de 2026, lo que añade relevancia al caso por la posible utilización del cargo público para incidir en la contienda. Mientras tanto, la alcaldesa Castillo Muñoz deberá enfrentar el proceso desde su suspensión temporal, a la espera de que se determinen las responsabilidades disciplinarias correspondientes.
