Un padre de familia denunció públicamente que el jardín infantil Crayola y Lápiz, ubicado en el municipio de Chía, Cundinamarca, solicitó el retiro de su hijo de dos años y ocho meses tras seis meses de anotaciones negativas diarias en la agenda, sin que la institución presentara un plan de ajustes razonables o estrategias de inclusión para el menor. La familia asegura que el niño era apartado de las actividades grupales y sacado a caminar mientras los demás continuaban en clase, y que en la reunión sostenida el pasado 1 de junio con la rectora y la docente titular, la directiva del plantel les comunicó que “ese jardín no era el lugar más recomendable” para el menor.
El padre denunciante, quien ha preferido mantener su identidad en reserva, señaló que durante todo el semestre la familia cumplió cada una de las solicitudes de la institución y buscó apoyo profesional externo, pero nunca recibieron un plan individual de ajustes razonables ni una estrategia concreta de acompañamiento. “No estamos pidiendo dinero, no estamos buscando una indemnización, no queremos un solo peso”, afirmó el progenitor, quien explicó que el objetivo de hacer pública la situación es que las autoridades educativas investiguen si se vulneró el derecho a la inclusión del menor. “Eso a uno le rompe el corazón, uno espera que cuando un niño necesita más apoyo, la respuesta sea ayudarlo y no apartarlo”, agregó con evidente dolor.
Denuncia por presunta discriminación en jardín infantil de Chía
La familia denunciante sostiene que en ningún momento la institución destacó los avances o aspectos positivos del niño, y que las observaciones se limitaron a registrar conductas sin proponer alternativas pedagógicas. “Por los niños no necesitan que los apartemos cuando son diferentes. Ellos lo que necesitan es que los acompañemos más, necesitan más paciencia, necesitan más empatía, más amor, más oportunidades”, manifestó la familia en un mensaje público difundido en redes sociales, donde la denuncia ha generado un intenso debate sobre la preparación de las instituciones educativas para atender la diversidad infantil.
“No es para atacar, no es para destruir, sino para que las autoridades competentes revisen esta situación”
Padre denunciante
La denuncia exige que la Secretaría de Educación de Chía y el Ministerio de Educación revisen el caso para determinar si se garantizó el derecho a la inclusión del menor, amparado en la legislación colombiana que incluye la Constitución, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1618 de 2013, el Decreto 1411 de 2022 y la Ley 2216 de 2022, entre otras normas que prohíben la discriminación por discapacidad y exigen ajustes razonables y educación inclusiva. La familia ha sido clara en que no busca compensación económica, sino que se investigue la actuación del jardín infantil y se determinen las responsabilidades correspondientes en un caso que ha conmocionado a la comunidad educativa de Chía.
