El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien se presenta a la segunda vuelta electoral de 2026 como el abanderado de la institucionalidad, encarna una paradoja política que inquieta a los analistas constitucionales: en el fondo comparte el ideario de la derecha tradicional colombiana, pero en las formas propone una ruptura con las reglas del juego que han contenido al uribismo durante más de dos décadas. Su programa de gobierno, que incluye cadena perpetua para ciertos delitos, aspersión aérea con glifosato y la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), choca directamente con sentencias de la Corte Constitucional que han declarado esos mecanismos como contrarios al ordenamiento jurídico. La paradoja alcanza su clímax a pocas horas del cierre de urnas, cuando el país aún carga el luto por el asesinato de un precandidato presidencial en 2025, lo que ha obligado a De la Espriella a hacer campaña protegido por un chaleco antibalas y vidrio blindado, en un gesto visual que sugiere cuán alto es el costo de su propuesta.
Abelardo de la Espriella, abogado de formación que conoce con precisión las reglas que promete violar, ha declarado abiertamente su filiación con las figuras de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador. No se trata de una coincidencia en el programa económico conservador —que comparte con el uribismo—, sino de una manera específica de entender las instituciones: válidas mientras produzcan el resultado correcto, prescindibles cuando se interpongan en el camino. Esto marca una diferencia crucial con la derecha tradicional que ha gobernado Colombia, la cual, cuando la Corte Constitucional le frenó en 2010 el intento de Álvaro Uribe de buscar un tercer período presidencial, simplemente acató el fallo y buscó otros caminos. De la Espriella, en cambio, ha dejado abierta la vía del decreto, la presión a las cortes y el referendo como mecanismos para imponer su agenda sin pasar por el Congreso.
Un discurso que recoge a los “nunca”
En un giro que reconfigura el mapa electoral de la derecha, De la Espriella ha logrado articular un discurso que se distancia del uribismo en su base social. Mientras que el uribismo, según los analistas, se ha convertido en un partido de estratos altos y élites económicas, el candidato presidencial ha recogido la bandera del trabajo y el mérito para hablarle directamente a los que él denomina “los nunca”, una categoría que define como aquellos que “nunca se robaron un peso ni vivieron del Estado”. Su propia declaración —“más uribista que Uribe”— resume la tensión: ideológicamente conservador en lo económico y cultural, pero radicalmente distinto en su relación con el orden constitucional. La cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, un anhelo recurrente del populismo punitivo, fue tumbada por las sentencias C-294 y C-349 de 2021; la aspersión aérea con glifosato, suspendida por la T-413 de 2021; y la JEP, incorporada al ordenamiento mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Sentencia C-080 de 2018, no es solo un tribunal, sino un pilar del Acuerdo de Paz que desmontaría.
«Los nunca —los que nunca se robaron un peso ni vivieron del Estado— son mi base. No vengo de la política tradicional, vengo de la calle y el mérito»
Abelardo de la Espriella, Candidato presidencial
El riesgo del proyecto de De la Espriella, advierten los constitucionalistas, no se define tanto en las urnas como en lo que suceda después. La ausencia de mayorías parlamentarias no frena un proyecto iliberal, sino que lo desvía hacia mecanismos alternativos: decretos de emergencia, referendos contra las cortes o la presión directa a los jueces. El país, que ya vivió una ruptura institucional en 2025 con el asesinato del precandidato y que ha visto a la Corte Constitucional frenar a Uribe en 2010, se enfrenta ahora a una disyuntiva que definirá su democracia: si las instituciones son capaces de resistir a un gobernante que promete usarlas como instrumento, o si, por el contrario, el instrumento terminará por romperlas.
