La Corte de Alberta, en Canadá, emitió un fallo de primera instancia que autoriza a Canacol Energy, la mayor compañía privada de gas en Colombia, a terminar unilateralmente 19 contratos de suministro del combustible. La decisión afecta directamente a 12 empresas, entre ellas Cerro Matoso, y pone en riesgo el mercado regulado de la Costa Atlántica. Sin embargo, la aplicación de esta medida en territorio colombiano aún debe ser revisada por la Superintendencia de Sociedades, que evaluará si la adopta bajo las normas nacionales, con el apoyo de la Creg, Superservicios, MinMinas, la SIC y la ANH. Canacol, que concentra el 8% de la producción nacional de gas según la Superservicios, inició en 2025 un proceso de reestructuración judicial en Canadá para sanear sus finanzas y protegerse frente a sus acreedores, al no contar con el gas natural necesario para cumplir sus compromisos contractuales.
La compañía había reducido de forma unilateral las entregas previstas e impuesto restricciones al flujo de gas, lo que llevó a los afectados a recurrir a la justicia canadiense. Ahora, el tribunal validó la terminación de los contratos, aunque Canacol dispone de 21 días para apelar el fallo. José Plata, socio encargado del área de energía de la firma Serrano Martínez CMA, advirtió que la decisión final en Colombia depende de la Superintendencia de Sociedades: “Si la Superintendencia, rodeada de las autoridades del sector, no adopta la medida, Canacol seguiría obligada a cumplir con sus contratos”. El experto señaló que, de autorizarse la suspensión, “podría generar una crisis de abastecimiento, suspensiones en el servicio público, aumentos en las tarifas y un impacto sobre la economía”, especialmente en la región Caribe, donde las poblaciones de estratos 1, 2 y 3 podrían enfrentar alzas y presión sobre los subsidios del Estado.
Cerro Matoso, el caso más crítico
Entre las empresas afectadas, Cerro Matoso, la minera de ferroníquel que opera en Córdoba, es la más expuesta. Canacol le suministra el 82% del gas natural que requiere para su proceso productivo. En un comunicado, la compañía sostuvo que “este recurso es un insumo irreemplazable dentro del proceso productivo del ferroníquel, sin el cual resulta imposible mantener los equipos en funcionamiento”. Cerro Matoso estima que apagar sus dos hornos por falta de gas causaría daños estructurales irreversibles, con costos de recuperación que oscilan entre 550.000 y 730.000 millones de pesos por cada horno. La minera genera 700 empleos directos, 1.700 indirectos y 2.100 inducidos, y aporta anualmente 100.000 millones de pesos en regalías, impuestos y contribuciones parafiscales al departamento de Córdoba. Ante la amenaza, Cerro Matoso pidió la intervención de la Supersociedades, Superservicios, MinMinas y el Gobierno Nacional para evitar que el conflicto comprometa empleos y comunidades, buscando preservar una operación que ya cumple 44 años en la región.
Contexto energético y riesgos para el país
“Si la Superintendencia de Sociedades, rodeada de las autoridades del sector, no adopta la medida, Canacol seguiría obligada a cumplir con sus contratos”.
José Plata, socio encargado del área de energía de Serrano Martínez CMA
El fallo canadiense se enmarca en el proceso de reestructuración que Canacol Energy solicitó en 2025 para evitar la liquidación ante su crisis de liquidez. La compañía argumentó que no contaba con el gas necesario para honrar sus compromisos, por lo que redujo las entregas e impuso restricciones. Ahora, la Corte de Alberta validó la terminación, pero la Superintendencia de Sociedades colombiana deberá determinar si adopta la medida en el país, evaluando la soberanía nacional, la seguridad energética y el orden público económico. Cerca de un tercio de la demanda local de gas en Colombia proviene del exterior, según Naturgas, lo que agrava la vulnerabilidad del sistema. José Plata advirtió que otro riesgo es que Canacol venda el gas a precios más altos en el mercado, lo que afectaría las tarifas y los subsidios estatales. Mientras tanto, el mercado regulado de la Costa Atlántica enfrenta la posibilidad de aumentos en las tarifas para las poblaciones de la región Caribe, así como presión adicional sobre los subsidios para estratos 1, 2 y 3. La decisión final en Colombia será clave no solo para las 12 empresas afectadas, sino para la estabilidad energética del país.
