El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, confirmó el 1 de julio de 2026 que 65 menores de edad fallecieron en bombardeos ejecutados por las Fuerzas Militares colombianas durante el cuatrienio del gobierno de Gustavo Petro (2022-2026). En sus declaraciones, el funcionario reportó además la muerte de cuatro menores en una operación militar en la zona rural de Nuquí, Chocó, un hecho denunciado por el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia – EGC) como una violación al Derecho Internacional Humanitario.
Las víctimas fatales, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, fueron registradas principalmente en regiones periféricas del país. “Las edades generalmente están entre los 14 y 17 años”, precisó Cortés Martínez, quien añadió que “las principales zonas son las zonas periféricas, por ejemplo, Guaviare, lo que es Arauca, Putumayo”. Según el director, estos territorios hacen parte de lo que denominó “la otra Colombia”, sitios que se están incorporando a un efecto de violencia que incrementa las tasas de mortalidad en esos departamentos.
“Las edades generalmente están entre los 14 y 17 años. Las principales zonas son las zonas periféricas, por ejemplo, Guaviare, lo que es Arauca, Putumayo. Son sitios que se están incorporando, pues un efecto de violencia que hace que las tasas se estén aumentando en estos departamentos”.
Ariel Emilio Cortés Martínez, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
El bombardeo en Nuquí estuvo dirigido contra la subestructura Jhon Fredy Orjuela del Clan del Golfo. Las Fuerzas Militares reportaron inicialmente la muerte de nueve presuntos integrantes del grupo armado, pero Medicina Legal confirmó posteriormente que cuatro de los cuerpos correspondían a menores de edad. Los restos fueron trasladados a Quibdó para la realización de los procedimientos forenses correspondientes. El EGC, por su parte, calificó el ataque como un “bombardeo indiscriminado” y lo responsabilizó de violar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el Derecho Internacional Humanitario, subrayando la protección especial que este ordenamiento otorga a los menores de edad.
La revelación se produce en medio de un recrudecimiento de la violencia en Colombia entre 2022 y 2026, pese al acuerdo de paz firmado en 2016 con las extintas Farc y a los esfuerzos de negociación impulsados por el gobierno Petro. El EGC expresó pesar tanto por la muerte de sus integrantes como por la de los menores, reiterando su exigencia de que se respeten las normas humanitarias en el conflicto armado colombiano.
