La Contraloría General de la República encendió las alarmas fiscales al revelar que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desembolsó 979.003 millones de pesos –cerca de un billón de pesos– para adquirir 537 predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), sin que se haya consolidado la transferencia registral de los inmuebles a favor del Estado. Esto significa que el país pagó por tierras sometidas a extinción de dominio, destinadas a la reforma agraria, pero no tiene los títulos de propiedad que respalden jurídicamente esa inversión.
Según la auditoría del ente de control, con corte al 22 de junio de 2026, la ANT flexibilizó las cláusulas contractuales del convenio firmado en 2024 con la SAE, que subordinaban los pagos al cumplimiento de hitos registrales. De esta forma, se desembolsó el 100% de la contraprestación sin garantizar antes la tradición de los bienes, priorizando el flujo de caja sobre la seguridad jurídica. Al momento de la revisión, apenas tres predios –Santa Bárbara, El Porvenir o la Honda, y San Ignacio y El Atropello– estaban escriturados a nombre de la nación, con un avalúo conjunto de 20.996 millones de pesos, una cifra mínima frente al total desembolsado.
Riesgos para los campesinos y la reforma agraria
La Contraloría advierte que, al no estar perfeccionada la titularidad jurídica, los bienes entregados a campesinos en el marco de la reforma agraria quedan expuestos a disputas judiciales, medidas cautelares, reclamaciones de terceros o incluso embargos. El organismo también señala que se vulneró el decreto ley 902 de 2017, el cual exige que los predios se incorporen primero al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral antes de su adjudicación. Sin embargo, la ANT ya reporta haber entregado más de 300 predios para la reforma agraria, a pesar de que la titularidad sigue en manos de la SAE o de procesos de extinción de dominio inconclusos.
El director de la ANT, Juan Felipe Harman, defiende la gestión y asegura que la escrituración depende de etapas técnicas como el saneamiento predial, los avalúos y trámites de policía, topográficos y de ley de garantías. Además, atribuye las demoras a riesgos de seguridad por el origen ilícito de los bienes, que han incluido amenazas a campesinos en las fincas entregadas, sobre las cuales Harman ya presentó denuncias ante la Fiscalía. Según sus declaraciones, más del 70% de los predios del convenio ya están en proceso de avalúo y esperan dejar saneado al menos el 60% de los inmuebles.
«Si existiese una decisión particular de la justicia que devuelva uno de estos bienes, lo que tienen que devolver es la plata equivalente al bien. No el bien en sí mismo. Por tanto, los campesinos que gozan de la tierra de la reforma agraria tienen la absoluta certeza y la seguridad jurídica de que hay una plata que ya pagó el Estado por esas fincas, que es de un billón de pesos y que va, de alguna manera, a respaldar cualquier decisión de la justicia sobre esa tierra».
Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras
Harman agregó que, a la fecha, la ANT tiene registradas a su nombre más de 550.000 hectáreas, dentro de un total de alrededor de 750.000 hectáreas gestionadas por el Gobierno para la reforma rural. No obstante, las cifras contrastan con declaraciones de la exministra de Agricultura Cecilia López, quien afirmó que de 450.000 hectáreas entregadas, solo 87.600 cuentan con escritura pública registrada. Harman desmintió esa versión, pero la Contraloría insiste en que la falta de titulación plena expone al Estado a perder los recursos invertidos si la justicia ordena la devolución de algún bien a sus antiguos propietarios.
El ente de control también precisó que la SAE debe cubrir los costos de las medidas posteriores a la compra con una reserva técnica, pero la demora en los trámites registrales mantiene en vilo la seguridad jurídica de la reforma agraria. Mientras tanto, el billón de pesos ya está pagado y los campesinos habitan tierras que, en estricto sentido, aún no son del Estado.
